Este miércoles, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la suspensión de tres años del pago de la deuda de Río Grande do Sul con el Tesoro, después de las históricas inundaciones que causaron al menos 150 muertos y 620.000 desplazados en ese estado del sur del país suramericano.

El Senado examinará ahora la medida propuesta por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reducir el gran impacto económico de la catástrofe climática en la zona.

Río Grande do Sul, que tiene fronteras con Uruguay y Argentina, presenta en la actualidad una deuda total de alrededor de 100 mil millones de reales (unos $. 19.500 millones).

 

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Gracias a la suspensión de la deuda de Río Grande do Sul, alrededor del 10 % de ese dinero será destinado a la reconstrucción de la región, donde las intensas lluvias han inundado ciudades enteras en las últimas dos semanas, incluyendo la capital regional, Porto Alegre.

El Ejecutivo argumentó que durante la suspensión no se considerarán los intereses de la deuda, ya que su objetivo es «recuperar la capacidad económica de Río Grande do Sul lo más rápido posible».

Si el Parlamento y el Ejecutivo respaldan el proyecto de ley aprobado, podrá ser implementado en el futuro en otros estados brasileños afectados por eventos climáticos extremos.

 

En Rio Grande do Sul, donde un fuerte temporal afectó a 446 de sus municipios, todavía hay 2.12 millones de damnificados, según el último boletín de la Defensa Civil.

Aparte de los 150 fallecidos, uno de los cuales se registró en el vecino estado de Santa Catarina, las inundaciones han provocado la desaparición de al menos 112 personas, la herida de al menos 806 personas y la movilización de alrededor de 620 mil personas.

Para anunciar una nueva serie de medidas económicas dirigidas a las víctimas del desastre, Lula viajará de nuevo este jueves a Rio Grande do Sul, un importante polo agropecuario del país.

 

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Ciudad Valencia / Telesur