A una semana del magnicidio frustrado contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, un total de 23 personas han sido identificadas por las autoridades venezolanas como presuntamente implicadas en el hecho ocurrido durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas.
De estas, 10 han sido detenidas y se han librado 13 órdenes de captura, de acuerdo con informaciones suministradas esta semana por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
Entre los detenidos se encuentra el exdiputado por la Asamblea Nacional en desacato, Juan Requesens, quien a través de contactos con la oficina de migración colombiana facilitó la movilización de los sicarios que se entrenaron en la granja Atalanta, ubicada en el municipio Chinácota del Departamento Norte de Santander de Colombia, en Cúcuta, para ejecutar la operación Yunque-Martillo, cuyo objetivo era asesinar al Jefe de Estado.
También han sido apresados el sargento retirado de la GNB, Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias «Bons», quien participó en el robo de armas en el Fuerte Paramacay, estado Carabobo, el 7 de agosto de 2017; Argenis Gabriel Valera Ruíz (alias Ingeniero), Yanina Fabiana Pernía Coronel (alias María), Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, Alberto José Bracho Rozquez, José Miguel Estrada González, Emilendris Carolina Benítez Rosales, Yolmer José Escalona Torrealba y José Eloy Rivas Díaz, dueño de la tienda Start Electronic C.A. y quien facilitaría pagos, chips e insumos electrónicos, además de coordinar hospedaje y alimentación para ejecutores del atentado.
Ciudadanos solicitados por magnicidio
Entre las personas que están siendo solicitadas se encuentra el exdiputado por la Asamblea Nacional en desacato judicial, Julio Borges, quien se encuentra en Colombia, por lo que el Gobierno de Venezuela solicitó a las autoridades de ese país su extradición.
El exdiputado de Primero Justicia Juan Requesens señaló al también exparlamentario Julio Borges de estar detrás de la autoría intelectual en el magnicidio en grado de frustración.
El miércoles 8 de agosto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó la captura de Borges por los delitos de instigación pública continuada y traición a la patria. Mientras que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) procedió al allanamiento de su inmunidad parlamentaria.
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También está solicitado Osman Alexis Delgado Tabosky, uno de los financistas y coordinador del atentado desde Miami, Estados Unidos; así como Rayder Alexander Russo Márquez identificado como planificador, captador y capacitador de la operación. En la lista están incluidos Gregorio José Yaguas Monje y Yilber Alberto Escalona Torrealba como explosivistas, y Oswaldo Valentín García Palomo, señalado como el operador directo para la sedición y ataques contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Estos ciudadanos están en Colombia y las autoridades venezolanas pidieron la extradición.
Asimismo, hay órdenes de captura contra Alcira Marina Carrizo de Colmenares, Virginia Antonieta Da Silva-Pio Porta (alias Génesis), Henryberth Emmanuel Rivas, Thais del Carmen Valeria Viloria, Darwin Mina Banguera, Elvis Arnaldo Rivas Barrios y David Alexander Beaumont Álvarez, este último señalado como el responsable del alquiler de la oficina en el Centro Empresarial Cipreses, espacio que sirvió para pilotar uno de los dispositivos aéreos con explosivos.
«Estas personas también se encuentran involucradas en el financiamiento, pago de hoteles, de alimentos y estadía de los terroristas acá en Caracas», precisó el ministro Reverol esta semana.
Incautaciones y allanamientos
Esta semana los cuerpos de seguridad del Estado han procedido a la incautación de bienes inmuebles registrados a nombre de Delgado Tabosky.
Entre las propiedades incautadas se encuentran las clínicas Elohim y San Lázaro, ubicadas en Valencia, estado Carabobo; el Centro de Rehabilitación APS, en Cagua, estado Aragua, y la Fundación Pinto Delgado y la Finca San Luis, este último utilizado como centro de planificación del ataque al Fuerte Paramacay, perpetrado en agosto de 2017.
De igual modo, se confiscaron apartamentos y un conjunto de empresas de maletín. Las autoridades venezolanas continúan con los allanamientos para dar con el paradero de los integrantes de la célula terrorista.
El pasado viernes, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez destacó que están tras la pista y en las próximas horas «presentaremos también acerca de la protección que han recibido actores intelectuales y materiales, no solamente en Colombia y Estados Unidos, sino también en otros países del continente».
Ciudad VLC/AVN
