Al cumplirse 24 años del Golpe de Estado de 2002, recordamos los factores determinantes, el petróleo y la tenencia de la tierra, que devinieron en los eventos del 11, 12 y 13 de abril en Venezuela. A continuación el análisis que hace la Radio del Sur.
El 11 de abril de 2002, Venezuela vivió un golpe de Estado que dejó, temporalmente, al presidente Hugo Chávez Frías fuera de la Presidencia de la República, y mostró al mundo que el sector empresarial, sindical, la Iglesia, la Fuerza Armada y dueños de empresas de medios de comunicación, se unieron desde 2001 para romper el hilo constitucional.
En los antecedentes surge la aprobación de la Ley Habilitante, en noviembre de 2001, que contenía 49 leyes, entre las que destacan la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la Ley de Hidrocarburos.
Petróleo y tierras en el ojo del huracán
A la Ley de Tierras se opuso de forma frontal el sector empresarial, representado en Fedecámaras y la oligarquía nacional propietaria de tierras, quienes impulsaron una campaña de desobediencia civil, promovida por factores externos e internos, defensores del capitalismo y el neoliberalismo. Fascistas todos.
La historiografía señala que justo allí, en la Ley Habilitante comenzó “el punto de no retorno”.
La Ley de Tierras señala: “… Se pretenden implementar todos los medios necesarios para la eliminación integral del régimen latifundista como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo”.
De igual modo, la Ley de Hidrocarburos, aumentaba las regalías que las empresas debían pagar al Estado, lo cual generó el rechazo de las transnacionales y la “meritocracia” de PDVSA.
La alianza anti natura
La aprobación de sendas leyes, logró una alianza anti natura. La coincidencia en una misma causa entre la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) –que agrupaba 35 sectores privados de empresarios, entre ellos, la banca, comercio y servicios, industria, ganadería, industrial, telecomunicaciones, agricultura- y a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la central obrera que fungía más como un partido político (liderado por Acción Democrática) y representaba un factor opositor, caracterizado por la violencia, en contra del Gobierno Bolivariano.
Así se fundieron como siameses el patrono y el defensor de los derechos de los trabajadores en una sola causa: convocar un supuesto “paro cívico” nacional el 10 de diciembre de 2001, que aunque fue un total fracaso, se convirtió en el antecedente directo de las marchas de abril de 2002.
El silencio mediático
El presidente Hugo Chávez estaba claro que, para mantener el diálogo, interrumpido por un grupo de empresarios con intereses particulares, había que aceptar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el diálogo nacional debía enmarcarse en los preceptos de la Carta Magna.
En los reportes de prensa de la fecha, diciembre de 2001, destacan algunos titulares, como: “El paro de los ricos”, pues la parada perjudicaba más a los pobres que a los dueños de industrias y empresas.
La aplastante derrota de los siameses (Fedecámaras-CTV) derivó en una prórroga y extensión en el tiempo, dado que en los sectores populares las puertas de negocios se mantuvieron abiertas, y los “cabilleros” de la central adeca amenazaron, y a la fuerza obligaban a cerrar abastos, mercados, panaderías, farmacias, entre otros.
El 10 de diciembre de 2001, entra en vigencia la Ley de Tierras, miles de campesinos se dan cita en la capital y protestan frente a Fedecámaras la inmoral acción impulsada por los oligarcas, que acumulan riquezas explotando al trabajador.
Empresas de comunicación en manos de la oligarquía profundizaron el silencio de lo que pasaba en las calles: caravanas, concentraciones, declaraciones de quienes querían abrir sus fábricas y fueron amenazados por directivos de la central patronal y obrera, simplemente no eran transmitidas, ni por radio, televisión o impresos.
El efecto dominó hacia PDVSA
La alta gerencia de PDVSA, muchos con tentáculos directos en Estados Unidos, de acuerdo a documentos desclasificados (como los cables de la CIA y el Departamento de Estado), mantenía una defensa a ultranza de la “meritocracia”.
Meses previos al 11 de abril, hubo contactos frecuentes entre líderes de la oposición, que incluían representantes del sector petrolero y empresarial con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, representada por el embajador Charles Shapiro.
Informes de la CIA con fecha del 6 de abril de 2002, cinco días antes del golpe, indican que el gobierno estadounidense tenía conocimiento detallado de los planes de los conspiradores, que incluía aprovechar las protestas de la huelga petrolera para romper el hilo constitucional.
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Pdvsa: un Estado dentro del Estado
El primero de enero de 2002 el presidente Hugo Chávez promulga la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y Guaicaipuro Lameda (en ese momento presidente de Pdvsa) es destituido por conspirador, pues se demostró que sostuvo reuniones con funcionarios como Otto Reich, Secretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos Occidental, además de mantener encuentros con Luis Giusti, en Washington, Carlos Andrés Pérez, en Miami; de recibir financiamiento del Grupo Santa Lucía y reclutar militares para la caída del presidente Chávez.
La llamada “nómina mayor”, considerada una élite de PDVSA, cuyos salarios se ubicaban entre 15 y 20 millones de bolívares al mes, comenzó a enarbolar las banderas de la meritocracia, a denunciar la politización de la industria petrolera, de acuerdo al relato de Washington, e incluso a decidir la política de suministros: suspender el envío de petróleo a Cuba, por ejemplo.
En el Aló Presidente número 100, en el sector de Llano Alto, en el Warairarepano, Chávez denuncia la discrecionalidad de la junta directiva de PDVSA que los convertía en un Estado dentro del Estado.
Señala que la compañía petrolera decidía en las políticas estratégicas los volúmenes de inversión y la renta que otorgaba al Fisco Nacional.
En otro momento, el 7 de abril de 2002, Chávez explica el por qué del alzamiento de la élite en Pdvsa, y señala: “No es ninguna élite tecnocrática, es una élite política, porque ahí siempre hubo un plan político, el último presidente en la IV República llegó a ser precandidato presidencial. Todo ese cuento de la meritocracia es mentira, eso está manejado por una élite y por su cúpula”.
Bendición de la Iglesia para el pacto de un golpe de Estado
En la quinta Esmeralda se selló una inédita alianza entre la cúpula patronal Fedecámaras y la dirigencia corrupta de la central obrera del país, CTV, que contó con la bendición de la Iglesia y de las empresas de medios privados, en un pacto similar al Pacto de Punto Fijo (realizado entre AD, Copei y URD en 1958).
Fue el 5 de marzo de 2002, cuando en la lujosa agencia de festejos firmaron un convenio que llamaron “Bases para un Acuerdo Democrático”. El sector sindical exige la renuncia del presidente Hugo Chávez y amenaza con un paro nacional, mientras que la central patronal se pronuncia a favor de los gerentes que defienden la élite política de Pdvsa.
Los medios de comunicación, en manos de la oligarquía nacional, asumen en definitiva su nuevo rol: impulsar el golpe de Estado, actuar como un partido político, construir y difundir una matriz de opinión para desestabilizar y declarar la ingobernabilidad. El golpe de Estado deja de ser un rumor y a sus actores se les comienza a ver el rostro.
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Declaran Bien de Interés cultural del país documentos de abril de 2002
Fuente: La Radio del Sur
Ciudad Valencia/M.Ll
