El primer mes de gestión del presidente Abelardo de la Espriella al frente del Gobierno de Colombia ha estado marcado por la falta respuesta a la emergencia tras el sismo del 10 de agosto, un viraje radical hacia la doctrina de la «mano de hierro» en materia de seguridad y la reconfiguración de la política exterior e interna del Estado.
La atención del sismo de magnitud 7.4 ha representado el principal desafío operativo y financiero para la nueva administración. Registros oficiales contabilizan 331 víctimas mortales, 4.519 heridos, más de 36.000 viviendas destruidas y 201.000 con daños.
Rechazo al ofrecimiento de Venezuela
Se reportan afectaciones en 400 centros de salud, 4.292 escuelas, 468 vías, 104 puentes, 140 acueductos y 5 terminales aéreas. La asistencia internacional ha sido crucial.
Washington comprometió 26.5 millones de dólares iniciales para rescate y reconstrucción. Sin embargo, la gestión provocó roces diplomáticos al rechazar el ofrecimiento de Venezuela para coordinar la reconstrucción binacional, declarando que el proceso corresponde únicamente a Bogotá.
Sectores de la oposición y la ciudadanía cuestionaron al Ejecutivo por priorizar la infraestructura sobre la atención humanitaria directa y calificaron de «show mediático» actividades presidenciales como el reparto de balones de fútbol en Buenaventura, además de los cuestionamientos sobre la discriminación por cuestiones políticas a la hora de aceptar o denegar ofrecimientos de ayuda humanitaria, lo cual limitó la capacidad de respuesta en los puntos más necesitados.
Criticas publicas al mandatario
En materia de seguridad, el Gobierno desmontó el esquema de negociaciones anteriores durante el mandato de Gustavo Petro y concentró la estrategia en el uso de la fuerza militar. Se decretó el corte definitivo de los espacios de negociación con agrupaciones como Comuneros del Sur (disidencia del ELN）y estructuras urbanas del Valle de Aburrá.
Las Fuerzas Armadas reportaron cerca de 40 bajas de presuntos integrantes de grupos armados, nueve detenciones de alto perfil, la incautación de 49.3 toneladas de estupefacientes, 1.485 armas y la erradicación de 1.321 hectáreas de coca.
La Defensoría del Pueblo criticó públicamente al mandatario tras la difusión de un video donde aparece caminando entre cadáveres de presuntos disidentes, advirtiendo que la fuerza pública no debe imitar las dinámicas de crueldad de los grupos al margen de la ley.
Además, el Gobierno anunció la apelación de fallos judiciales que limitan los bombardeos a campamentos con presencia de menores reclutados forzosamente, luego de confirmarse la muerte de al menos seis menores en recientes incursiones.
Recortar el tamaño del Estado
En el ámbito institucional y diplomático se consolidaron cambios en la estructura del Estado. El Ejecutivo impulsa un plan para recortar el tamaño del Estado hasta en un 40 %, iniciativa que generó alarma en sectores sociales por su posible impacto en empleos y programas estatales.
Se aplicaron reestructuraciones en la parrilla de contenidos y el cierre de programas en la red de medios del Estado y las Emisoras de Paz. Sectores de la oposición denunciaron el inicio de investigaciones y procesos judiciales dirigidos contra exfuncionarios y figuras vinculadas al gobierno de Gustavo Petro.
Colombia oficializó un acuerdo de seguridad con EE.UU. por 1.000 millones de dólares —anticipando la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Barranquilla—, y finalmente restableció lazos con Israel reconociendo su soberanía sobre los Altos del Golán y respaldó la postura de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, en un viraje radical respecto a su antecesor.
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Fuente: teleSUR
Ciudad Valencia/M.Ll
