El Consejo de Protección de Derechos de Quito, Ecuador, rechazó los actos de violencia policial perpetrados contra los manifestantes que se han expresado desde el pasado 3 de octubre en las calles contra la imposición de políticas económicas del Gobierno de Lenín Moreno.
«Estos hechos violentos no pueden ser tolerados bajo ningún justificativo por su grave implicación en materia de derechos humanos», puntualizó el consejo en un comunicado reseñado por Prensa Latina.
Asimismo, demandó al Gobierno levantar el estado de excepción, ordenar a la fuerza pública dejar de actuar con violencia, liberar a las personas detenidas y establecer procesos de investigación de los hechos, incluso de los considerados como delitos cometidos por la fuerza pública, además de precisar la cifra oficial de heridos.
«De continuar esta escalada de violencia, responsabilizamos a las autoridades correspondientes, a la policía y al ejército de éstas y futuras acciones que se sucedan en contra de la integridad, la vida y demás derechos humanos», advirtió el consejo.
En el documento se mencionan entre las irregularidades el uso de armamento prohibido e instrumentos para atropellamiento directo (principalmente caballos y motocicletas), de bombas lacrimógenas espiraladas y balas de goma contra los manifestantes, el uso de tanquetas diseñadas para conflictos bélicos con mensajes atemorizantes e igualmente hacen referencia a registros de hostigamientos policiales, incluso a personas que no eran parte de las protestas.
«Nos indigna -y descalifica totalmente a la fuerza pública- los golpes y las acciones de asfixiamiento contra niños y niñas, actos que están documentados en filmaciones», reza el texto.
«El gobierno nacional solo habló de investigar las agresiones contra periodistas en el primer día del paro, pero lo mismo debería hacerse sobre los actos que han afectado a cientos de personas civiles, principalmente a jóvenes y adolescentes», alertó el consejo.
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Ciudad VLC/AVN
