El violento sismo que sacudió a Colombia no hizo más que agitar una geografía que ya se encontraba profundamente fracturada. Mientras los centros urbanos andinos contabilizaban daños materiales y activaban de inmediato sus protocolos de atención, en las entrañas del Chocó y en los barrios vulnerables de Buenaventura la verdadera tragedia no son las réplicas geológicas, sino las réplicas perpetuas del olvido.
Al desplomarse las fachadas y abrirse las carreteras en municipios históricamente silenciados como San José del Palmar, lo que ha quedado al descubierto no es la furia de la naturaleza, sino las costuras de un colonialismo interno que condena a los pueblos negros e indígenas a la inexistencia.
Las primeras imágenes y videos fueron divulgadas por las redes digitales de lo ocurrido en Cali, Pereira y Manizales, estas saltan de inmediato; lo sufrido en las comunidades de la costa hacia el Pacífico hay que rastrearlas.
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El sesgo mediático de las cadenas periodísticas fue evidente; en algunos casos rayando en la grosería, mintiendo acerca de la rapidez con que se habían atendido a las personas; pero lo no dicho fue que la atención era selectiva.
Las crisis supuestamente «naturales» no existen de forma aislada; son, en realidad, crisis manufacturadas por la opresión estructural. Que la fragilidad de las viviendas palafíticas o de madera autoconstruidas haya colapsado y que el precario acceso a servicios básicos se haya disuelto tras el temblor no es un hecho fortuito.
Es el resultado directo de décadas de desatención sistemática hacia una población afrodescendiente a la que se le ha negado el derecho a una infraestructura digna, agua potable y conectividad básica.
El reflejo del colonialismo interior
En Buenaventura, la paradoja es criminal: mientras el puerto mueve miles de millones de dólares que enriquecen al centro del país, las comunidades negras a su alrededor carecen de un acueducto funcional e integral.
Se trata de una mirada andinocéntrica y extractivista que concibe al Pacífico exclusivamente como una despensa de recursos a explotar —oro, madera, puertos— y no como un territorio habitado por ciudadanos con plenos derechos.
Esta forma de operar no difiere de las lógicas coloniales más rancias. Al hacer invisibles a los damnificados de San José del Palmar o a las periferias segregadas de Buenaventura, se replica un racismo estructural que decide qué vidas merecen un rescate inmediato y qué comunidades deben «esperar» en el aislamiento total de sus vías fluviales o terrestres destruidas.
La falta de señal y los derrumbes no son los únicos obstáculos para la ayuda; el verdadero bloqueo es la indiferencia histórica de una élite política que tradicionalmente ha gobernado de espaldas al mar. El mar es visto como atractivo turístico y económico.
Reconocer y dignificar a las comunidades afrodescendientes del Pacífico significa saldar una deuda histórica de inversión social, soberanía básica y respeto étnico. El sismo de 2026 ha gritado una verdad incómoda que Colombia ya no puede pretender ignorar: la vulnerabilidad del Chocó no la provocó la tierra al temblar; la esculpió el centralismo con su silencio absoluto.
Esta desconexión profunda y elitista quedó evidenciada no solo en el plano interno, sino también en la gestión diplomática de la emergencia. En las horas más críticas de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella priorizó el sesgo ideológico sobre el imperativo humanitario de salvar vidas.
El rechazo y la dilación inicial del Ejecutivo para autorizar el ingreso de las brigadas oficiales de rescatistas de México y de China —argumentando trabas burocráticas y exigencias de certificaciones— contrastaron de forma obscena con la inmediata bienvenida otorgada a los recursos de Estados Unidos, Israel o Ecuador.
Mientras los «Topos» mexicanos y los expertos chinos quedaban inicialmente al margen de los canales gubernamentales formales, la diplomacia del presidente colombiano evidenció una sumisión geopolítica dogmática, un alineamiento que prefiere contar la tragedia en clave de la Guerra Fría antes que aceptar manos solidarias de gobiernos con líneas ideológicas distintas.
El debate intentó matizarse desde la Cancillería bajo el paraguas técnico del «orden logístico», pero sociológicamente el mensaje enviado fue unívoco: la soberanía de la ayuda está subordinada a las simpatías políticas del gobernante de turno.
Que el embajador de China tuviera que exigir públicamente un enlace oficial para coordinar el apoyo, o que los rescatistas mexicanos tuvieran que sortear barreras institucionales para incorporarse a las labores, demuestra que para el centralismo bogotano la vanidad doctrinal pesa más que los cuerpos sepultados bajo el lodo del Chocó.
Reconocer y dignificar a las comunidades afrodescendientes del Pacífico significa saldar una deuda histórica de inversión social, soberanía básica y respeto étnico. Una gran diferencia: “a solo minutos de los terremotos del 24 de junio, Venezuela activó todos los mecanismos de cooperación nacional e internacional para el rescate de víctimas y atención a los damnificados.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto con Gianluca Rampolla, coordinador residente y coordinador humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, articularon toda la ayuda humanitaria posible al saberse la magnitud del evento” (página web Misión Verdad).
Venezuela, aún afectada dolorosamente por el doblete sísmico no tardó en mostrar manos francas para apoyar. Colombia y su gente merecen todo nuestro respeto y solidaridad.
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María Auxiliadora Castillo Espinoza (Valencia, Carabobo) es docente e investigadora de la Universidad de Carabobo (UC). Exrectora de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia. Comunicadora social y productora y conductora del programa radial Verdiras y Mentades (RNV Región Central 90.5 FM).
Magister en Investigación Educativa y estudios de Postgrado en Lingüística; Doctora en Educación por la Universidad de Carabobo, ha llevado a cabo estudios postdoctorales en investigación y Especialización en Gerencia Pública.
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Ciudad Valencia/RN
