La reciente aprobación en primera instancia por la Asamblea Nacional francesa de una enmienda que propone una impuesto de 0,055 euros por gigabyte (GB) de tráfico de datos ha abierto un intenso debate económico y tecnológico que podría trasladarse a otros países.
Esta medida busca –teóricamente- cobrar impuestos a las empresas que concentran más del 50% del tráfico de internet en el país (como Google, Meta, Amazon o Netflix), estableciendo topes máximos de recaudación de hasta el 15% de la facturación local o el 2% global.
Aunque el texto fue aprobado por un ajustado margen de 11 votos a favor y 10 en contra, sus implicaciones prácticas y jurídicas plantean serias interrogantes sobre el futuro del ecosistema digital en Europa.
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¿A quién afecta realmente la norma?
Al redactarse de forma general para cualquier emisor de contenidos, el impuesto al gigabyte alcanzaría también a plataformas de software libre, tiendas de videojuegos (como Steam o PlayStation Network) e incluso a organizaciones sin ánimo de lucro o fundaciones culturales, que verían sus costos operativos disparados de forma insostenible.
En un contexto donde marcas como PlayStation impulsan la transición hacia consolas totalmente digitales, es decir, sin discos físicos como hace años, imponer un impuesto al volumen de datos descargados haría del ocio digital algo cada vez más caro.
Como se sabe, hoy en día, los discos de consolas funcionan principalmente como llaves de instalación o lanzadores, requiriendo descargas masivas de servidores que superan fácilmente los 100 o 200 gigabytes.
Por ejemplo, una descarga de un videojuego de 200 GB dejaría un impuesto de unos 11 euros, por lo que las distribuidoras se enfrentarían al dilema de asumir la pérdida, crear cargos adicionales explícitos o encarecer de forma generalizada los productos.
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El futuro del impuesto al gigabyte
Aunque los impulsores de la enmienda estiman una recaudación potencial de miles de millones de euros, el futuro de la medida es altamente improbable. Además del trámite pendiente en el Senado, la tasa tropieza frontalmente con el principio de Neutralidad de la Red de la Unión Europea y con la previsible batalla judicial que las multinacionales plantearían en los tribunales para evitar pagar impuestos.
En la práctica, de salir adelante, la teoría económica confirma que las compañías terminarían trasladando el costo al consumidor final mediante cuotas de suscripción más caras o restricciones en la calidad de transmisión, convirtiendo un impuesto dirigido a las tecnológicas en un encarecimiento directo para los usuarios de internet en Francia.
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Fuente: Guerras y Geopolítica
Ciudad Valencia / ER
