El último informe del Banco Mundial sobre crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe ha revelado preocupantes cifras sobre el sistema penitenciario en El Salvador.
Según el estudio, solo el 23 % de las personas privadas de libertad han recibido una sentencia judicial, mientras que el 77 % restante permanece en detención provisional, y esperan un veredicto que determine su culpabilidad o inocencia.
El Salvador ha alcanzado una de las tasas de población carcelaria más altas del mundo, con mil 659 prisioneros por cada 100 mil habitantes a inicios de 2025. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con años anteriores, duplicando la cantidad de personas privadas de libertad en relación con 2022.
El informe del Banco Mundial advierte que este elevado número de encarcelamientos no siempre se traduce en una reducción efectiva del crimen, lo que pone en evidencia la necesidad de revisar las políticas de justicia penal.
Además, señala que la elevada proporción de prisioneros sin sentencia refleja fallas en el sistema judicial, el cual enfrenta retos en términos de debido proceso, hacinamiento y condiciones carcelarias.
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Organismos internacionales han expresado su preocupación ante esta situación y han instado a las autoridades salvadoreñas a implementar reformas que garanticen el acceso a una justicia más equitativa y transparente.
La comunidad jurídica también ha señalado la importancia de reducir el número de detenciones arbitrarias y asegurar que todos los privados de libertad tengan derecho a una defensa adecuada y a un juicio justo.
Por otro lado, defensores de derechos humanos han advertido sobre el impacto social de estas políticas, y han argumentado que la criminalización masiva y la prolongada detención sin sentencia pueden agravar la crisis en el sistema penitenciario, afectando tanto a los internos como a sus familias.
El informe del Banco Mundial refuerza la necesidad de un debate profundo sobre el futuro del sistema judicial y penitenciario en El Salvador, para promover una discusión sobre mecanismos que permitan la reducción del encarcelamiento masivo sin comprometer la seguridad nacional.
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Ciudad Valencia/Medios internacionales/VTV
