La Asamblea Nacional de Venezuela instaló este viernes la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, instrumento legal promulgado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras su aprobación por unanimidad.
La instancia, presidida por el diputado Jorge Arreaza y con la vicepresidencia de Nora Bracho, tiene como mandato principal desarrollar e implementar los mecanismos necesarios para asegurar que los 16 artículos de la ley se cumplan con rigor.
Como parte de esta voluntad de paz, la mandataria encargada solicitó a la comisión parlamentaria y al presidente de la Comisión para la Revolución Judicial, Diosdado Cabello, revisar con máxima celeridad los casos que no fueron contemplados originalmente en la Ley de Amnistía.
El objetivo es profundizar en la justicia social y reencauzar la convivencia democrática, permitiendo que la ley sea el motor de una transformación política profunda. Entre los integrantes de la comisión destacan figuras como Pedro Infante, Tania Díaz, Nicolás Maduro Guerra e Iris Varela, junto a la mención de la primera combatiente Cilia Flores, quien se mantiene secuestrada por el gobierno de Estados Unidos.
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El diputado y presidente de la comisión, Jorge Arreaza, explicó que esta comisión podrá recomendar en casos debidamente evaluados a los órganos competentes, la adopción expedita de medidas alternativas para alcanzar las finalidades de la convivencia democrática, de la paz social, de la reincorporación a la vida política sin obstáculos. “Es decir, los responsables de la administración de justicia en el país deben cumplir, y garantizar que aquellas personas que estuvieron involucradas en hechos violentos -que contempla esta ley- sean ya puestas en libertad o su causa penal extinguible”, agregó.
En una acción complementaria para garantizar la equidad, el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, bajo la coordinación de Ernesto Villegas, comenzó a recibir testimonios de sectores históricamente vulnerables como campesinos, trabajadores e inquilinos. Aunque estos grupos son judicializados en el marco de luchas agrarias, urbanas o laborales y no están estrictamente contemplados en la ley centrada en hechos de motivación política, sus casos serán escuchados y canalizados ante las autoridades correspondientes.
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Fuente: Telesur
Foto: Asamblea Nacional
Ciudad Valencia/MG
