Reforma Ley Orgánica del TSJ

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó investigar penalmente a la fiscal nacional Mirian Lima Bernal por el presunto delito de omisión dolosa de recursos legales. Según la sentencia 624, la funcionaria junto a otros dos fiscales y una jueza de Miranda participó en un fraude procesal en perjuicio de Julio César Velasco Pérez y su hijo Leiner Daniel Velasco Zambrano.

Todo empezó en el año 2020, cuando Richard Eduardo Guerrero Márquez y Julio Velasco se asociaron para venderle al Ministerio de Educación 1.300 pupitres. En ese negocio, Richard aportó $49.999.

Entregados los pupitres, Julio comenzó a pagarle a su socio Richard. Pero en medio de ese proceso, Richard denunció penalmente a Julio ante el Cicpc-Guarenas alegando que este no le había cancelado ni el capital semilla ni los intereses obtenidos por la venta de los pupitres. Las actas de esa denuncia fueron enviadas a Andy Marlene Padrino Oliveros y Engimar Margely Pérez Medina, fiscales auxiliar y provisoria 4ª de Miranda.

 

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Dichas fiscales tramitaron una orden de aprehensión contra Julio Velasco, la cual fue acordada por la jueza 3ª de control de Miranda, Yusbely Caguaripano Arguinzones.

A los cuatro meses, las aludidas fiscales igualmente solicitaron aprehender a Leiner Velasco, hijo de Julio Velasco. Leiner fue privado de libertad tras imputársele estafa agravada y agavillamiento. Las dos fiscales y la jueza le sugirieron al detenido que, para salir en libertad, su padre debía pagar la presunta deuda a Richard Guerrero mediante un acuerdo reparatorio. Julio Velasco aceptó por la libertad de su hijo y accedió a entregar dinero y vehículos, con lo cual sumó 100 mil dólares que canceló a Richard, aun cuando le había pagado la deuda pasada, dice el fallo.

Posteriormente, Leiner Velasco denunció el asunto ante el Ministerio Público, donde asignaron tal investigación a Miriam Lima Bernal, quien tramitó un sobreseimiento en favor de sus colegas fiscales denunciadas Andy Padrino y Engimar Pérez, así como la jueza 3ª Caguaripano Arguinzones y al empresario Richard Guerrero. La fiscal Lima Bernal adujo que las fiscales, la jueza y el empresario no habían cometido delito alguno.

Ante esa situación, Julio Velasco solicitó la intervención de la Sala Constitucional, cuyos magistrados acordaron avocarse al expediente. La Sala detectó el fraude procesal, tras haberse empleado la justicia penal para resolver un asunto de naturaleza mercantil.

Y es allí cuando los magistrados identificaron a los autores de dicho fraude, entre ellos la fiscal Miriam Lima Bernal, quien no advirtió “la existencia de la figura del fraude procesal en las causas bajo su facultad de instrucción como titular del ejercicio de la acción penal”.

La sala igualmente responsabilizó del fraude procesal a la jueza Yusbely del Carmen Caguaripano Arguinzones, por haber dado aprobación al acuerdo reparatorio donde Julio Velasco fue despojado de sus bienes para pagar una denuncia que ya había cancelado.

Los magistrados avalan una investigación contra la jueza y las dos fiscales de Miranda porque “atentaron contra la buena marcha del sistema de justicia y contra los derechos e intereses de las víctimas”.

 

Terrorismo Judicial

Las acciones que ejecutaron contra los Velasco las dos fiscales de Miranda, la fiscal nacional Lima Bernal y la jueza Caguaripano constituyen un terrorismo judicial, expresado en el fraude procesal, dicen la Sala Constitucional, cuyos magistrados recordaron cómo describen sus colegas de la Sala Penal esa especie de delito.

“Reclamar derechos que van en detrimento de la propiedad y el patrimonio de las personas, accediendo a la jurisdicción penal con el solo fin de presionar y coaccionar a las personas y lograr someter hechos que no se encuentran calificados como delitos, con el solo objetivo de obtener beneficios al margen del ordenamiento jurídico, es lo que hoy se conoce como terrorismo judicial”, acota el TSJ.

 

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Fuente: Últimas Noticias 

Ciudad Valencia/DA/RN