Once miembros del Ejército Nacional y de la fuerza pública de Colombia fueron imputados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por las ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”, en el marco de la investigación de 6 mil 402 casos relacionados con esta práctica.
“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo”, indicó la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Caso 03 en una rueda de prensa.
La imputación civil por los “falsos positivos” en Catatumbo es para 10 miembros del Ejército divididos en un general, seis oficiales y tres suboficiales, además de un civil.
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"La @JEP_Colombia imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, 6 oficiales y 3 suboficiales del Ejército, y a un tercero civil, por 'falsos positivos' en Catatumbo": magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
Responden a los nombres de brigadier Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro Gómez, los tenientes coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro, según indicó la magistrada Catalina Díaz Gómez.
«Por haber contribuido en la ejecución de conductas de particular gravedad, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera y al sargento segundo Rafael A. Urbano”, continuó Catalina Díaz.
Este es el primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que la JEP emitirá dentro del caso 03 en la primera fase de la investigación.
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"Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 de la JEP.
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De igual forma, la JEP enfatizó en que continuaría investigando la eventual participación de niveles superiores “por acción u omisión en el patrón macrocriminal determinado”.
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Al menos 6 mil 402 personas fueron ejecutadas, especialmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a manos del Ejército colombiano para presentarlas como guerrilleros muertos en combate y recibir a cambio premios e incentivos.
Ciudad VLC / Telesur
