La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, América Pérez, en una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV) en el marco de la discusión de los objetivos principales de la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, mencionó los beneficios de esta ley al asegurar que busca proteger tanto a compradores como a inversores.
«La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la vivienda es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de proteger ese derecho», recalcó Pérez. El documento legal también incluye los proyectos de preventa.
Al respecto, la también diputada a la Asamblea Nacional (AN) aseguró que la normativa se orienta a promover y proteger al sector de la construcción de la vivienda, así como prevenir estafas inmobiliarias contra aquellas familias que invierten sus ahorros en estos proyectos, además de brindar seguridad jurídica a quienes invierten capital en los proyectos de construcción.
«Esta ley está contra la estafa inmobiliaria; […] hay que proteger a quienes deciden comprar una vivienda o invierten en un proyecto de vivienda, pero también hay que proteger a quien pone su capital para desarrollar estos proyectos», .
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Ley fue con consenso pleno
Por otra parte, la parlamentaria recordó que esta normativa surgió a partir de los embates que sufrió la población en las regiones más afectadas por los sismos, y conforma una respuesta del Poder Ejecutivo y la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.
También relató que esta Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas fue parte de un proceso de consulta con organizaciones y movimientos de la vivienda, Cámara Inmobiliaria, Cámara de la Construcción, sector privado y entidades públicas. «Fue una ley en consenso, con consenso pleno de todos los sectores de la sociedad», acotó.
Respecto a lo establecido en esta Ley, Pérez resaltó que el Ministerio de Hábitat y Vivienda ostenta un rol fundamental, el cual se enfoca en el acompañamiento, la supervisión y fiscalización de todo proyecto de vivienda que se realice en el sector privado.
«No se aceptan cláusulas leoninas que solo beneficien a una parte», enfatizó Pérez sobre los contratos para proyectos de viviendas, además de indicar que se establecen mecanismos de rescisión para el comprador y para el constructor, promotor y/o desarrollador de la vivienda, respectivamente.
«Obligamos desde la Ley a los municipios con la competencia de permisología para la construcción a acompañar y abordar este tema y a ser eficientes para entregar los permisos de construcción», agregó la diputada, aparte de aseverar que en la normativa se establecen lapsos para estos permisos, que, si no se cumplen, «hay una responsabilidad administrativa para los funcionarios públicos que no den la respuesta necesaria», puntualizó Pérez.
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Fuente: VTV
Ciudad Valencia/WS/ER
