La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que protegía el pago del beneficio social a casi un millón de personas en Argentina, ordenando la discontinuidad inmediata de las transferencias.
La decisión judicial afecta de forma directa a trabajadores de comedores populares y referentes de organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero. Los beneficiarios percibían un ingreso congelado en 78.000 pesos desde diciembre de 2023, momento en que el Gobierno nacional desacopló estos programas del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
LEE TAMBIÉN: FUSIONAN LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO EXTERIOR
De haberse mantenido la actualización normativa, el beneficio debería ascender hoy a 186.200 pesos; sin embargo, el fallo argumentó que sostener el pago «implicaría adelantar el resultado final del juicio».
Con esta resolución, la Justicia respalda la política implementada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien ya había anunciado el cese del envío de alimentos y de los pagos a partir del pasado 1 de mayo de 2026. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo venía acatando la cautelar de manera temporal para los meses de mayo, junio y julio.
El rechazo de las organizaciones sociales a la eliminación del pago del beneficio social
La reacción de los movimientos sociales no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, la UTEP denunció formalmente la situación:
«La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario».
Por su parte, diversos dirigentes calificaron la medida como un ataque sistemático hacia los sectores más vulnerables. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, señaló que el Gobierno reafirma su «desprecio» hacia los trabajadores comunitarios al quitarles su único sustento. Además, apuntó duramente contra los magistrados: «Le dieron la razón a Pettovello-Milei en que está bien que alrededor de un millón de trabajadores sigan prestando servicios asistiendo en los barrios más pobres, pero sin ninguna remuneración. ¿Está bien la esclavitud?», cuestionó en sus redes.
En sintonía, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, advirtió que la medida profundizará la crisis social y golpeará con fuerza a las economías locales al retirar una masa significativa de dinero de la circulación en los comercios barriales. Asimismo, Duarte responsabilizó a los gobernadores provinciales por acompañar políticas que, según aseguró, «harán estallar la crisis en los territorios».
LEE Y COMPARTE: GOBIERNO DE VENEZUELA PIDE CANALIZAR FONDOS BLOQUEADOS EN EL EXTRANJERO
Impacto económico y plan de lucha
De acuerdo con el análisis de las organizaciones, la eliminación de este subsidio representa una pérdida del 58% respecto a la norma original y un atraso del 76% frente a la Canasta Básica Alimentaria, lo que agrava la vulnerabilidad de cientos de miles de familias en un contexto de alta inflación y desmantelamiento de las redes de contención estatal.
Ante este panorama, los movimientos sociales adelantaron que apelarán la decisión judicial en los tribunales superiores y profundizarán el plan de lucha en las calles mediante asambleas masivas y cortes de ruta en todo el país.
TE PUEDE INTERESAR:
Irán advierte que “la era de los acuerdos unilaterales terminó”
Si quieres ampliar y conocer más noticias como esta, síguenos en nuestras distintas plataformas digitales:
FACEBOOK INSTAGRAM TIKTOK YOUTUBE WHATSAPP TELEGRAM
Fuente: Telesur
Ciudad Valencia/DA/DG
Foto: Telesur
