Este martes, organizaciones populares de Panamá marcharon desde el parque Porras hacia la plaza 5 de mayo, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. La movilización manifestó su rechazo a la decisión del gobierno de José Raúl Mulino de reactivar la megamina de cobre de la empresa canadiense First Quantum Minerals, cuyas operaciones están suspendidas desde finales de 2023.
La protesta se produce luego de que el Ministerio de Ambiente publicara un sexto informe de auditoría, realizado por una multinacional suiza contratada para evaluar el cumplimiento de compromisos ambientales.
El estudio detectó fallas en la tina de drenaje, procesos con cumplimiento no demostrado y una intervención que excedió las hectáreas autorizadas en el estudio de impacto ambiental. Esta revisión se fundamentó en la documentación provista por la propia empresa minera.
Durante el mitin, los movimientos sociales corearon consignas contra la megaminería y el extractivismo. A la protesta se sumaron colectivos que rechazan la construcción del megaembalse de Río Indio del Canal de Panamá, así como otros proyectos impulsados por el Ejecutivo.
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La movilización coincidió con los actos oficiales por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y la inauguración de la 56 Asamblea General de la de la Organización de Estados Americanos (OEA), evento presidido por José Raúl Mulino en el Centro de Convenciones Atlapa.
Las organizaciones agrupadas en el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) rechazaron la Asamblea de la OEA al calificar al organismo como un instrumento de Washington. Denunciando que la cumbre evidencia la política de subordinación del actual Gobierno hacia los intereses de Estados Unidos.
Asimismo, los manifestantes condenaron el reforzamiento de la presencia policial en las calles y denunciaron que estas medidas buscan restringir el derecho a la protesta de los movimientos sociales bajo el argumento de garantizar la seguridad de la cita hemisférica.
Esta situación podría conducir a Panamá hacia un nuevo periodo de paralización social si el Órgano Ejecutivo insiste en reactivar la explotación de cobre, desafiando la decisión histórica del 8 de noviembre de 2023 cuando la justicia constitucional cerró el polémico contrato de la Ley 406, la cual aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, empresa concesionaria que opera Cobre Panamá. Aquel fallo se produjo tras semanas de protestas masivas que paralizaron el país y culminaron con el cierre de la mina.
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Fuente: Telesur
Ciudad Valencia/FM /MG
