Una medida de fuerza por tiempo indeterminado impulsada por prácticos, pilotos y baqueanos mantiene totalmente paralizados el comercio exterior y la distribución de combustible en los puertos más importantes de Argentina.
La huelga surge como respuesta directa al Decreto 690/2026 promovido por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, una norma que busca desregular el practicaje marítimo con el pretexto de recortar costos logísticos.
Con más de 140 buques varados en terminales clave como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud, el Ejecutivo recurrió a la Prefectura Naval para enviar intimaciones individuales a más de 500 profesionales, amenazándolos con denuncias penales y sumarios si no retoman sus labores de inmediato.
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Riesgo a la seguridad de la navegación
La reforma gubernamental impone la apertura irrestricta de los registros de habilitación, flexibiliza la contratación de personal y elimina exigencias de formación técnica, desconociendo compromisos internacionales como el Tratado del Río de la Plata y los estándares de la Organización Marítima Internacional.
Esta política de flexibilización arriesga la seguridad de la navegación en las vías fluviales y desmantela las regulaciones que garantizan el correcto desempeño de las operaciones portuarias.
Asimismo, el conflicto generado por la desregulación impulsada por el Ejecutivo afecta de forma cotidiana y concreta las condiciones de vida de la clase obrera.
Desabastecimiento de combustible
En primer lugar, el freno en la entrega de nafta, gasoil y fuel oil expone a la población a un inminente desabastecimiento de combustible, lo que amenaza el funcionamiento del transporte público y dificulta los traslados diarios de millones de trabajadores a sus puestos de empleo.
A esto se suma que la desregulación degrada directamente la labor especializada del sector, pues al abrir los registros sin límites y flexibilizar los requisitos de contratación, se promueve la precarización, la competencia desleal y el debilitamiento de la estabilidad laboral de las plantillas portuarias.
Asimismo, la relajación de las exigencias de capacitación e idoneidad técnica para maniobrar en los canales de navegación eleva considerablemente los riesgos operativos, poniendo en peligro constante la integridad física y la vida de las tripulaciones y de los obreros en los muelles.
Por último, la respuesta estatal ante esta crisis acentúa la persecución social, ya que el uso de la Prefectura Naval para intimar individualmente a los profesionales bajo amenaza de acciones penales busca criminalizar el derecho a la huelga y amedrentar a la clase trabajadora en la defensa legítima de sus conquistas.
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Fuente: teleSUR
Ciudad Valencia/M.Ll
