El plan de “Reconstrucción” del gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, una iniciativa legislativa que agrupa cerca de 40 medidas en áreas diversas bajo un solo proyecto, enfrenta un nuevo conflicto político.
La propuesta ha generado alarmas en la oposición, que acusa al Ejecutivo de limitar el debate democrático y reducir el rol del Congreso mediante un mecanismo considerado por ellos como «inconstitucional».
El proyecto de Kast llegó luego de darse a conocer por un sondeo efectuado por Cadem, el pasado domingo, que un 52 % de los encuestados consideran que el gobierno va peor de lo que se esperaba en medio de un escenario de tensión política.
Según los detractores de Kast, la propuesta tendría en la mayoría de sus puntos un impacto directo en la población, haciendo referencia a la reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas de un 27 a un 23 % y al sector educativo, en el cual, supuestamente, reduciría las posibilidades de acceso a la educación superior en edades avanzadas.
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Para la oposición, las 40 medidas llegan en un contexto complejo donde las clases medias y bajas sufren el alza del combustible, además de una escasez de recursos que solo potenciaría ese escenario para estos sectores.
Sin embargo, El malestar a la medida, ya se sentía antes de conocerse, por lo cual, los detractores de gobierno aseguran que Kast, con 36 días en el Poder, protagoniza el peor gobierno de Chile y podrían aumentar las movilizaciones y cacerolazos al entrar en juego un proyecto que tensa aun más la situación.
Según la oposición, la medida habría generado polémica no solo en la población, sino también en el entorno político, donde aseguran que incluso parte del entorno de Kast también cuestiona la implantación de la propuesta en su totalidad.
Sin embargo, legisladores advirtieron que podrían rechazar el proyecto o recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si no se separan las iniciativas, ya que el núcleo de la crítica radica en el carácter misceláneo de la llamada “ley ómnibus”, que mezcla ajustes tributarios, medidas ante desastres, cambios en la “permisología” y modificaciones educacionales.
El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, acusó al gobierno de intentar forzar una tramitación acelerada para “meter en una sola olla a presión” reformas de alto impacto, evitando el escrutinio detallado de las comisiones.
Por su parte, el diputado Álvaro Ortiz señaló que mezclar reconstrucción con la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 % podría constituir una “reforma tributaria encubierta” y una causal de inconstitucionalidad.
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El constitucionalista y diputado Jaime Bassa expresó que un proyecto con múltiples objetivos difícilmente cumple con el estándar de unidad temática. A diferencia de precedentes acotados o de la gestión post-terremoto de 2010, ejemplos de proyectos multitemáticos dentro del propio Chile, pero con la diferencia de haberse tramitado las medidas por separado, el plan actual concentra reformas sin consenso previo.
La oposición asegura que, bajo el paraguas de la emergencia, se avanza en una agenda ideológica que favorece al sector empresarial y debilita derechos sociales.
Según los detractores de Kast, las medidas terminan condicionando a la población de clase media y baja, además de considerar que la propuesta del Presidente constituye una forma de concentrar el poder y reducir así el debate democrático en el país.
Desde La Moneda, el ministro García pidió cautela y defendió el diseño como parte de un “gobierno de emergencia” necesario para fomentar el empleo y dar respuestas rápidas a diversas necesidades.
Sin embargo, el conflicto anticipa una confrontación institucional que enfrentará a las fuerzas que conforman al nuevo Gobierno, con las del gobierno anterior.
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Fuente: Telesur
Foto: Telesur
Ciudad Valencia/SM/MG
