Al activarse el Radar de Ciudad Valencia, las señales más insistentes provienen de la formalización de los acuerdos energéticos entre Estados Unidos (EEUU) y Venezuela, la cual sigue generando importantes declaraciones de actores políticos, empresariales y opinadores.
De la semana que concluye destacan algunas de las siguientes publicaciones y reportes en medios web y plataformas digitales respecto a la coyuntura venezolana:
· Chris Wright (Secretario de Energía – EEUU): Tras firmar los convenios en Caracas, afirmó que la alianza busca «promover la paz, la libertad y la prosperidad», destacando que la producción venezolana podría pasar de 1,1 millones a 1,5 millones de barriles diarios el próximo año y duplicarse hacia el final de la década (El Tiempo).
· Delcy Rodríguez (Presidenta – Venezuela): Calificó la firma con Chevron, Eni y empresas estadounidenses como un mecanismo de «ganar-ganar» que aportará inversión y tecnología al país (CGTN)
· Casa Blanca / Gobierno de Donald Trump: Defendió el esquema de inversión público-privado para revitalizar los yacimientos del país y garantizar el suministro a las reservas estratégicas de EE. UU. (AP News).
· María Corina Machado: Publicó una postura crítica respecto a la forma en que se estructuró el pacto. Planteó 5 condiciones claves para la sostenibilidad de las inversiones: un marco legal transparente, institucionalidad técnica independiente, licitaciones abiertas, un régimen fiscal competitivo y seguridad jurídica con arbitraje internacional (El Diario).
· Chevron: Confirmó un compromiso de inversión que asciende a los 7.000 millones de dólares para expandir sus operaciones de extracción y reactivación de infraestructura en campos venezolanos. (Semana).
· Francisco Ameliach (Diputado – AN) encuadra el acuerdo en la «diplomacia bolivariana de paz» y el pragmatismo estratégico impulsado por el Ejecutivo. Y los puntos centrales de la visión que promueve son la defensa de la soberanía sobre el subsuelo, la paz y reactivación económica y el rechazo a la narrativa opositora sobre una supuesta «entrega de recursos», argumentando que las condiciones fiscales —como regalías mínimas y el Impuesto sobre la Renta aplicable— garantizan ingresos sustanciales para la República sin comprometer el patrimonio nacional a largo plazo.
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Lo que dicen los Expertos
Diversos economistas, expertos petroleros e investigadores de organismos internacionales han analizado las implicaciones técnicas, constitucionales y financieras del nuevo esquema suscrito entre Estados Unidos y Venezuela:
- José Toro Hardy (Economista experto en energía): En entrevista con Caracol Radio, señaló que el anuncio de la entrega o control directo de reservas mediante adjudicación directa a empresas norteamericanas tiene un componente político enfocado al consumo interno estadounidense. Advirtió que la Constitución venezolana consagra la propiedad de los yacimientos al Estado, por lo que las empresas extranjeras solo pueden aspirar a licencias de explotación o participación en empresas mixtas. Recalcó además que la falta de seguridad jurídica sigue siendo el principal desincentivo para captar grandes capitales globales a largo plazo.
- Hugh Daigle (Profesor de Ingeniería Petrolera, Universidad de Texas en Austin): Se enfoca en la factibilidad operativa, advirtiendo que los costos iniciales para adecuar la infraestructura deteriorada en la Faja del Orinoco y Zulia son extremadamente altos. Indicó que la incorporación del volumen prometido al mercado global será lenta y tomará años. (PolitiFact)
- Severin Borenstein (Energy Institute en UC Berkeley): Apuntó que, aunque el acuerdo es voluminoso en papel, no tendrá un impacto directo o inmediato en la reducción de los precios de la gasolina a corto plazo, ya que el incremento paulatino de producción tomará un horizonte de tiempo prolongado. (Agencias)
- Francisco Monaldi (Director de Política Energética, Instituto Baker): Enfocó su análisis en el aspecto técnico y geológico de las cifras anunciadas. Sostiene que la retórica sobre el control inmediato de «65.000 millones de barriles» representa una sobreestimación de las reservas recuperables. Precisó que el crecimiento real de la producción petrolera venezolana será paulatino y requerirá una movilización sostenida de capitales privados que va mucho más allá de anuncios políticos preliminares. (Agencias)
- Luis Vicente León (Economista y presidente de Datanálisis): Pidió evaluar la medida fuera del debate puramente doctrinario, catalogándola como un evento de cambio sistémico (game changer). Señaló que, dado que gran parte del crudo venezolano está inmovilizado bajo tierra sin capacidad fiscal propia para extraerlo, la presencia directa de EE. UU. actúa como un aval de estabilidad. Esto podría cambiar favorablemente la percepción de riesgo de otros inversionistas globales, aunque advierte que el resultado dependerá del cumplimiento efectivo de las inversiones. (Agencias)
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- Asdrúbal Oliveros (Socio-director de Ecoanalítica): Concuerda en que el pacto genera un impacto significativo a corto y mediano plazo para la reactivación del flujo de divisas e infraestructura. Sin embargo, enfatiza que la viabilidad fiscal para el Estado venezolano y el derramamiento de beneficios hacia el sector privado no petrolero requerirán ajustes en las políticas cambiarias y monetarias locales (La Prensa de Lara).
- Humberto Calderón Berti (Experto petrolero y exministro de Energía): Subrayó que el acuerdo responde a una conveniencia bilateral pragmática de alto nivel. Indicó que Washington busca asegurar una fuente energéticamente cercana y predecible para sus reservas estratégicas, mientras que la infraestructura venezolana exige urgentemente transferencia tecnológica y capacidad de financiamiento internacional que solo este tipo de convenios puede destrabar. (La Prensa de Lara)
- Víctor Álvarez (Economista y Premio Nacional de Economía): Sostiene que el convenio implica una reestructuración de facto del modelo operacional de PDVSA. Analiza que, al flexibilizar los porcentajes de participación y transferir el control operativo de yacimientos maduros a empresas norteamericanas, el Estado venezolano busca delegar el financiamiento y el riesgo de capital en el sector privado para levantar la infraestructura sin contraer deuda pública. (Confirmado)
- Antero Alvarado (Director de Gas Energy Latin America): Se centra en el negocio del gas natural y la refinación. Destaca que la efectividad del acuerdo dependerá de la capacidad real para recuperar el gas asociado que actualmente se quema en la Faja del Orinoco y en Zulia. Señala que el mercado estadounidense está sobreabastecido de gas, por lo que el incentivo de las operadoras extranjeras estará condicionado a la exportación a mercados caribeños o europeos (Unión Radio).
- Eugenio Montesco y analistas de riesgo geopolítico: Alertan sobre los riesgos reputacionales e institucionales ligados a la firma North American Blue Energy Partners (NABEP). Advierten que la concentración de múltiples licencias en vehículos financieros de reciente creación y con actores controvertidos como Alejandro Betancourt puede devenir en litigios internacionales o revisiones judiciales en el futuro si cambian los giros políticos en Washington o Caracas. (Radio Fe y Alegría Noticias)
- Rafael Quiróz Serrano (Economista petrolero y profesor de la UCV): Cuestiona la cifra mediática de los 65.000 millones de barriles anunciados como «controlados» por EE. UU., catalogándola como un enunciado político más que técnico. Recalcó que recuperar dichos volúmenes exige años de inversión constante en taladros, compresión y servicios que hoy no están disponibles de forma inmediata en el país (Unión Radio).
- Óscar Álvarez Araya (Presidente de la Fundación Unión Democrática del Pacífico): Destaca que la participación directa del Departamento de Defensa de EE. UU. (a través del Office of Strategic Capital) como garante financiero y estratégico sienta un antecedente atípico. Advierte que la intervención del sector público estadounidense debe analizarse «con lupa», ya que el Estado no suele ser un administrador eficiente de operaciones petroleras, aunque admite que la inyección de hasta 100.000 millones de dólares en inversión privada representa una ventana de libertad económica para el país. (La Republica)
- Jesús Faría (Economista y legislador): Argumenta que el convenio respeta la soberanía nacional al mantener la propiedad estatal sobre los yacimientos, actuando los socios extranjeros bajo esquemas de licencias u operadoras mixtas. Afirma que el flujo proyectado bajo el cálculo base de 65 dólares por barril generará ingresos clave para estabilizar la macroeconomía y financiar servicios públicos. (Agencias)
Otras reacciones
El acuerdo energético ha generado una oleada de reacciones que abarca sectores políticos, militares, laborales e internacionales:
Exministros de Petróleo
- Manuel Quevedo (Exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA): Expresó abiertamente su rechazo por el impacto de las decisiones actuales. Defendió su gestión señalando que jamás «se entregó a intereses extranjeros» y cuestionó la pérdida de soberanía operacional sobre la empresa estatal. (El Diario)
- Rafael Ramírez (Exministro de Petróleo): Catalogó el entendimiento como un acto «inconstitucional» que entrega la soberanía sobre el subsuelo y las decisiones de producción a Washington, calificándolo como un retroceso directo a la época anterior a la nacionalización de 1976. (El Diario)
Sector Militar y Dirigencia del PSUV
- Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): Emitió un comunicado institucional respaldando formalmente el acuerdo. Afirmaron que los contratos no implican «subordinación» a potencias extranjeras y aseguraron que la institución custodiará la soberanía en la Faja del Orinoco y las zonas de explotación.
- Dirigencia del PSUV: Defendió la cohesión política interna tras la firma, argumentando que se trata de una táctica económica necesaria para liberar recursos bloqueados e inyectar liquidez al Estado.
PSUV debatió sobre «Análisis crítico del Convenio petrolero Venezuela – EE.UU»
Congresistas estadounidenses
Figuras influyentes en Washington, como la representante María Elvira Salazar, celebraron la alianza tildándola de una oportunidad para desplazar la influencia geopolítica de China y Rusia en la región, asegurando abastecimiento energético para el hemisferio, (Bloomberg Línea) aunque sin abandonar su posición radical contra las autoridades venezolanas.
Y nuestra gente de a pie…
En las calles venezolanas se aprecia un contraste entre la urgencia de alivio económico y las dudas sobre las condiciones del acuerdo y la gestión política:
- Prioridad al bolsillo: La mayoría de la población considera como prioridad inmediata la estabilidad económica y la mejora del ingreso familiar por encima de los eventos político-electorales.
- Expectativa de alivio directo: Una amplia mayoría favorece la llegada de inversiones extranjeras y licencias petroleras bajo la premisa de que generarán divisas, estabilidad cambiaria y empleo, tras años de contracción y pérdida del poder adquisitivo.
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Fuentes: Agencias
Ciudad Valencia/LSFLC
