El Senado argentino se prepara para debatir este jueves una propuesta de reforma a la ley de glaciares, la cual ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas y dudas sobre su constitucionalidad.
La iniciativa, que también debe pasar por la Cámara de Diputados, permitiría la explotación de recursos en terrenos cercanos a zonas protegidas y descentralizaría a las provincias la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental.
La medida llega en un contexto de retroceso general de los glaciares en Argentina, intensificado por el aumento natural de las temperaturas y por la expansión de proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.
Según datos oficiales, el inventario de glaciares indica que el país cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 están en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur, con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados.
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En 2024, Argentina presentó ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un diagnóstico sobre el incremento de las temperaturas y el retroceso de casi todos los glaciares patagónicos andinos en las últimas décadas, con 48 de los 50 principales cuerpos de hielo al sur de la Patagónia mostrando una caída sostenida.
El glaciar Perito Moreno, icono de la región, ha perdido más de 700 metros en su frente en los últimos siete años.
Además, otros sectores como el Canal de los Témpanos, han visto retrocesos cercanos a 800 metros en cuatro años, generando alertas sobre un posible punto de no retorno.
Cabe hacer mención, que en el 2024 el gobierno argentino declaró extinto el glaciar Martial Sur.
La actual discusión legislativa se sitúa en un contexto de tensiones entre conservación y explotación por lo que grupos ambientalistas señalan que la reforma podría abrir paso a proyectos mineros en ambientes periglaciares y de alta fragilidad ecológica, con posibles efectos adversos en cuencas hídricas y en la biodiversidad de la región.
Además, denuncian que varias concesiones podrían no contar con una evaluación de impacto ambiental adecuada y advierten la ausencia de un registro nacional centralizado de proyectos en ambientes glaciales.
Aunado a esto, se suma la crítica por la insuficiente capacidad de monitoreo y control por parte de las autoridades, a pesar de la vigencia de la Ley de Protección de Glaciares aprobada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema en 2019.
Por su parte, el gobierno argentino asegura que con la mentada reforma a la ley, se busca conseguir un equilibrio entre la conservación y la actividad minera.
Sin embargo, organizaciones ambientales aseguran que, pese a la norma que se busca reformar, persisten deudas en su implementación.
Señalando, además, que la reforma propone trasladar a las provincias la responsabilidad de evaluar impactos, lo que podría generar disparidades normativas y menor capacidad de respuesta ante amenazas como la contaminación, el derretimiento acelerado y los efectos de la extracción minera.
Asimismo, advierten que, sin un registro claro y supervisión adecuado, las zonas glaciales y sus inmediaciones quedarían expuestas a conflictos entre desarrollo económico y conservación.
De igual forma, las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma a la ley de glaciares representa una “regresión ambiental inconstitucional” porque podría vulnerar compromisos y principios recogidos en el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina se adhirió para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Protección o explotación
Varios sectores de la Argentina defienden la actual normativa como un piso mínimo deprotección para ecosistemas estratégicos que funcionan como reservas de agua dulce para comunidades y sectores productivos.
En contraparte, el oficialismo apuesta, con la reforma a la ley de glaciares, a trasladar las labores de supervisión y control a las provincias y así lograr un equilibrio entre proteger las zonas vulnerables y la actividad minera responsable.
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Fuente: Telesur
Ciudad Valencia/SM/DG
