Un total de 427 prisioneros han fallecido, en el contexto del Estado de Excepción que permanece activo en El Salvador desde 2022.
La medida aplicada por el presidente Nayib Bukele facilitó detenciones masivas, enfocadas principalmente en supuestos miembros de grupos pandilleros. A pesar de que numerosos reclusos carecen de vínculos con organizaciones criminales, la cifra de fallecimientos en los centros penitenciarios continúa en aumento.
Tal información fue reportada por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la cual también abordó las lagunas legales que rodean estas detenciones, al aseverar que afectan a individuos procesados sin una condena formal.
Precisamente, la falta de sentencia se debe a una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, que facilita el desarrollo de procesos penales colectivos y masivos para grupos pandilleros. Sin embargo, hasta la actualidad no se registra ninguna condena basada en este tipo de proceso.
Asimismo, la ONG cuestionó si existen alternativas para contrarrestar los arrestos y deportaciones arbitrarias. Seguidamente, el 94% de las personas fallecidas «no presentaban perfil de pandilleros», lo que plantea graves implicaciones sobre el uso excesivo de la fuerza.
Además, se advirtió que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los mil», sin embargo, el Gobierno censura esta información.
El segundo aspecto a considerar es que se suspenden las garantías constitucionales bajo un régimen de excepción implementado para la disposición de mano de obra precaria y el arresto a potenciales opositores al gobierno.
Hasta la actualidad, se recibieron aproximadamente 6 mil 400 denuncias de violaciones a los derechos humanos en este contexto, según informes de ONG provenientes de la comunidad internacional.
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Ciudad Valencia/VTV
