Washington revocó sin explicación la licencia que permitía a Venezuela financiar la representación legal de su presidente, Nicolás Maduro, mientras autorizaba contratos petroleros y comerciales con Caracas en el mismo período.
El abogado Barry J. Pollack presentó el jueves ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, bajo el expediente S4 11-CR-205 (AKH), un memorial de derecho en apoyo a la moción para desestimar todos los cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.
El argumento central es que Washington viola de forma activa la Sexta Enmienda constitucional y el derecho al debido proceso, garantizados a todo acusado en suelo estadounidense, al impedir que Venezuela financie la defensa de su jefe de Estado.
Los hechos documentados revelan una secuencia que la defensa califica de intervención política directa. El 7 de enero, los abogados solicitaron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro las licencias necesarias para recibir fondos del Estado venezolano.
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El 9 de enero las obtuvieron —la de Nicolás Maduro a las 3:18 p.m., la de Cilia Flores a las 3:36 p.m. —. Menos de tres horas después, a las 6:05 p.m. del mismo viernes, la OFAC publicó una versión enmendada exclusiva para Maduro que prohibía recibir ese financiamiento. La licencia de Flores no fue tocada.
Ese proceder contradice la práctica histórica de la agencia. Un experto declaró bajo juramento que, hasta este caso, jamás había conocido una negativa de OFAC ante una solicitud de ese tipo, sin importar el régimen de sanciones aplicable.
En ese escenario, la defensa advierte que “si la interferencia de la OFAC con la capacidad del Sr. Maduro para financiar su defensa persiste, los abogados que suscriben no podrán permanecer en el caso, ni el Sr. Maduro podrá ser representado por ningún otro abogado contratado”.
En ese caso, según la defensa, el tribunal “necesitaría nombrar abogados y trasladar el costo de la defensa del Sr. Maduro a los contribuyentes de los Estados Unidos, a pesar de la disposición y obligación del Gobierno de Venezuela de pagar los costos”, una circunstancia que haría que “cualquier veredicto en contra del Sr. Maduro sería constitucionalmente cuestionable”.
Por ello, refiere la defensa, “el Sr. Maduro solicita, de conformidad con la Regla 12(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, desestimar la cuarta acusación sustitutiva en su contra”.
Para ello, alega la “interferencia del Gobierno de los Estados Unidos con su derecho a un abogado según la Sexta Enmienda y con su derecho a presentar una defensa, tal como lo garantiza la Cláusula del Debido Proceso”.
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Venezuela, obligada por ley a pagar defensa de Maduro
El escrito adjunta la declaración jurada del jurista venezolano Henry Rodríguez Facchinetti, quien certifica que la legislación venezolana obliga al Estado a cubrir los gastos legales de su presidente. El propio Maduro declaró bajo juramento carecer de recursos propios para su defensa.
La argumentación descansa sobre jurisprudencia federal precisa. El Segundo Circuito estableció en United States v. Stein (2008) que el Gobierno no puede interferir con el pago de honorarios por terceros sin violar la Sexta Enmienda.
La expectativa de Maduro de recibir ese financiamiento constituye, según esa doctrina, un derecho de propiedad legalmente protegido. Lo que hace más difícil de sostener la postura de Washington es que la misma agencia responsable del bloqueo tomó, en paralelo, decisiones que apuntan en sentido contrario.
Petróleo sí, defensa de Maduro no
Mientras la OFAC bloqueaba el financiamiento legal, autorizó al menos seis licencias generales para transacciones comerciales con Venezuela entre enero y febrero de 2026.
La GL-30B habilitó operaciones portuarias y aeroportuarias; la GL-46A autorizó transacciones con petróleo venezolano; la GL-47 permitió la venta de diluyentes; la GL-48 habilitó bienes y servicios en el sector de hidrocarburos; la GL-49 abrió contratos de inversión; la GL-50 autorizó operaciones en el sector petrolero y gasífero.
El 11 de febrero, Pollack solicitó formalmente a OFAC la reinstauración de la licencia original, con plazo hasta el 18 de febrero. No hubo respuesta. Dos días después, el 13 de febrero, la agencia emitió precisamente las licencias GL-49 y GL-50.
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Fuente: LI
Foto: WEB
Ciudad Valencia/MG
