Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto de ese país, Evo Morales Ayma, por los delitos de “terrorismo” y “financiamiento al terrorismo”, en el marco del llamado “caso audio”.
La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Evo Morales, porque “se evidenció” que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se habría coordinado con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.
Según la Fiscalía de facto, en distintas conversaciones realizadas el 12, 14 y 17 de noviembre de 2019, Morales instruyó al dirigente cocalero a “cometer actos ilícitos“.
Con supuesto audio buscan implicar a Evo Morales
El Ministerio Público también señaló que, tras la “pericia en audiología” solicitada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, se determinó que “las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma“.
Con estas pruebas preliminares, la Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva de Evo Morales, quien se encuentra exiliado en Argentina, después del golpe de Estado perpetrado en su contra a finales del año pasado.
Tras conocer la imputación formal, Evo Morales se pronunció en su cuenta de Twitter para rechazar que se emprenda un proceso judicial por terrorismo “con un audio alterado y sin ser notificado”.
Para el mandatario depuesto, la acusación es “una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto“, pero prometió que “pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho” a su país.
“Uso abusivo de la justicia”
El domingo pasado, Evo Morales ya había denunciado en su cuenta de Twitter el “uso abusivo de la justicia” por parte de la derecha boliviana, “con el fin de inhabilitar candidatos y proscribir” a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En los últimos meses, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien es favorito en los sondeos de cara a los comicios del 6 de septiembre, denunció un plan del Gobierno de facto, dirigido por Jeanine Áñez, para impedir su participación en las próximas elecciones generales.
“Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan“, señaló Arce en su cuenta de Twitter, después de que la Gestora Pública, instancia que administra los fondos de la renta de vejez de los bolivianos, presentó una denuncia contra él por la presunta compra de un software inexistente con sobreprecio para esta entidad, cuando el también exministro de Economía era presidente de dicho directorio.
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