El excomandante de las extintas Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Juan de Jesús Monroy Ayala, fue asesinado este viernes, en el municipio La Uribe, departamento de Meta.

La noticia la informó el delegado del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Pastor Alape Lascarro, según reseña de Rusia Today.

El excomandante de las Farc, Monroy Ayala colaboraba actualmente en la reincorporación a la vida civil de 44 ex guerrilleros de la organización armada en ese municipio. Su cuerpo fue encontrado baleado junto con el de Albeiro Poremundo, un escolta de la víctima, mientras que otro custodio se encuentra desaparecido.

 

De acuerdo a lo publicado por los medios colombianos, Monroy había denunciado amenazas en el mes de agosto ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una especie de tribunal que fue creado para investigar y sancionar a los actores del conflicto armado colombiano.

 

Asesinato de excomandante de las Farc es condenado

El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, condenó el asesinato de Monroy y criticó la falta de protección para los ex combatientes que dejaron las armas para sumarse al acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc.

«Es un trágico recordatorio de la necesidad de reforzar la protección de quienes dejaron las armas y apuestan por la paz en Colombia«, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, desde el partido FARC exigieron al Gobierno de Iván Duque que ofrezca garantías para los firmantes del acuerdo.

«Ya son 234 firmantes de paz asesinados ante la mirada cómplice e indolente del Gobierno de Iván Duque. ¿Esa es la paz con legalidad de su Gobierno? Exigimos garantías para los firmantes del Acuerdo, quienes trabajan todos los días por la paz de Colombia«, señaló el partido en su cuenta de Twitter.

 

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En este contexto, la JEP citó a una audiencia pública en la que verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la  a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes.

 

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