El Gobierno colombiano anunció la creación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un decreto‑ley que busca garantizar la protección de los líderes sociales que desarrollan su labor en territorios apartados y de alto riesgo.
El decreto plantea que las instituciones deberán garantizar el acceso a la tierra, la protección de la vida, el derecho a un medio ambiente sano, la distribución equitativa de la riqueza y el respeto a los derechos civiles y políticos.
Asimismo, el documento de 146 páginas establece como objetivos la reducción de la inequidad, así como la atención a las recomendaciones internacionales que Colombia había postergado en años anteriores.
Por su parte, Óscar Ramírez, vocero de derechos humanos, explicó que el plan fue posible gracias a la movilización ciudadana, los encuentros participativos y el trabajo conjunto de diversas plataformas sociales, además de la voluntad política de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
Aspectos destacables
Durante su intervención, Ramírez señaló que “es la síntesis de gran parte de la agenda de derechos humanos y también de la agenda de organizaciones y movimientos que defienden los derechos económicos y sociales en Colombia”.
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Sinembargo, el decreto plantea que las instituciones deberán garantizar el acceso a la tierra, la protección de la vida, el derecho a un medio ambiente sano, la distribución equitativa de la riqueza y el respeto a los derechos civiles y políticos.
Para su entrada en vigor, el texto requiere la firma presidencial, luego de ser revisado por los ministros competentes. Lourdes Castro, consejera presidencial para los Derechos Humanos, afirmó que este paso confirmará el compromiso del Estado con los líderes sociales.
La iniciativa surge en un contexto marcado por la prevalencia de asesinatos contra líderes sociales, una labor considerada por organismos nacionales e internacionales como una de las más peligrosas en el país.
Hasta la fecha, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra cada homicidio con datos sobre el lugar, los grupos armados presentes y la actividad del líder, información que evidencia la magnitud del riesgo.
Con este blindaje institucional, se busca que el Estado logre proteger a quienes defienden los derechos y la vida en los lugares más alejados de Colombia.
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Fuente: Telesur
Ciudad Valencia/JB/RN
Foto: Telesur
