El presidente Miguel Díaz-Canel, denunció las tres décadas de la Ley Helms-Burton impuestas por Estados Unidos en Cuba, calificando la normativa como un «engendro» que va «contra todas las leyes» al pretender legislar sobre el destino de otra nación.
El mandatario, mediante sus plataformas digitales, puso en duda la legitimidad de dicha medida, enfatizando que cuba, se gobierna únicamente bajo su Carta Magna y su propias leyes, descartando así toda pretensión de subordinación extranjera.
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Asimismo, el ministro de Exteriores de la nación, Bruno Rodríguez, condenó que estos treinta años simbolizan la codificación de la asfixia y la guerra económica contra la población cubana. El jefe de la diplomacia advirtió que la legislación quebranta los preceptos básicos del intercambio global al coaccionar a quienes apuestan por invertir en el país.
«Es muestra del carácter extraterritorial de un bloqueo, que cada día provoca más daño a la población cubana”, puntualizó Rodríguez.
Formalmente bautizada como Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, la legislación toma su apelativo del senador Jesse Helms y del representante Dan Burton, ambos integrantes del Partido Republicano. Con el apoyo de sectores de la oposición en Florida, los parlamentarios diseñaron una noema que extendía el bloqueo económico más allá de la jurisdicción de los Estados Unidos.
La legislación, ratificada por el mandatario de aquel entonces, Bill Clinton, el 12 de marzo de 1996, tras divulgarse su contenido a comienzos de ese mes, integró las sanciones en la ley federal y estableció que el presidente de Estados Unidos, no puede levantarlas unilateralmente.
Dentro de sus disposiciones sobresale el Título III, una sección que habilita a ciudadanos estadounidenses incluyendo a cubanos exiliados tras la victoria de la revolución— para interponer demandas en tribunales Estados Unidos contra empresas empresas que mantengan actividades mercantiles con activos nacionalizados desde 1959, bajo la premisa del presunto «tráfico» de bienes.
Durante décadas, la ejecución del Título III permaneció interrumpida ante las exigencias de la Unión Europea y otros aliados mercantiles de EEUU, quienes rechazaban el carácter extraterritorial de la normativa. Esta oposición culminó en un acuerdo de cooperación firmado en 1997 entre los Estados Unidos y Bruselas, el cual protegía a las firmas europeas de posibles sanciones, bajo la condición de que la Unión Europea limitara de manera ”Voluntaria” sus márgenes de inversión en la Isla
Sin embargo, durante el primer periodo de Donald Trump (2017-2021), se activó el Título III y la administración incluyó a la isla en la nómina arbitraria de naciones que supuestamente patrocinan el terrorismo. Con el regreso del gobierno de Trump al poder en 2025, la estrategia de presión se ha agudizado, intensificando el bloqueo económico, financiero y mercantil contra el país caribeño.
Este asedio no se originó con la Ley Helms-Burton, sino que fue instaurado oficialmente en 1962 mediante la Orden Ejecutiva 3447 firmada por el presidente John F. Kennedy, la legislación de 1996 marcó un punto de giro en la hostilidad de EEUU al involucrar a terceros países y restringir las oportunidades de desarrollo económico de la isla.
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La Ley Helms-Burton mantiene una vigencia que se ha intensificado recientemente, golpeando de manera directa la cotidianidad de la población. Al obstaculizar y desincentivar la inversión extranjera en sectores estratégicos, esta legislación agudiza las carencias en el transporte, la generación de energía eléctrica, la producción industrial y agrícola, las comunicaciones, y los sistemas públicos de salud y educación.
En el escenario actual, este cerco económico se ha endurecido mediante acciones extremas, destacando la interrupción de los suministros de hidrocarburos, necesarios para satisfacer las necesidades humanas y la operatividad nacional. El 29 de enero, Trump, firmó un orden ejecutiva que faculta a EEUU para imponer sanciones a los bienes procedentes de países que suministren petróleo a Cuba. Dicha medida provocó una severa escasez de combustible y agravó el impacto de un bloqueo que se mantiene desde hace más de 60 años.
Esa ofensiva desde la Casa Blanca enfrenta el rechazo de diversos líderes y organizaciones globales, pero el aislamiento de Washington no es reciente. La comunidad internacional mantiene una condena sistemática contra el bloqueo en el seno de las Naciones Unidas, donde cada año exigen el fin de la política unilateral estadounidense contra Cuba.
No obstante, Estados Unidos continua con su estrategia de presión; ante ello, el Gobierno cubano reafirma que su pueblo no reconoce normas dictadas desde el exterior ni renunciará a su derecho inalienable de decidir su propio destino.
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Fuente: TeleSUR
Ciudad Valencia/FM/RM













