El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) ordenó al gobierno de Donald Trump no ejecutar la deportación de un grupo de inmigrantes venezolanos detenidos en Texas, cuya expulsión se intentaba realizar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, diseñada para tiempos de guerra.
La orden, emitida en la madrugada de este sábado, impide la deportación de al menos una treintena de migrantes venezolanos recluidos en el centro de detención Bluebonnet, en el estado de Texas. Las autoridades planeaban trasladarlos a El Salvador, donde serían encarcelados en una prisión de alta seguridad bajo el gobierno de Nayib Bukele.
La administración de Donald Trump pretendía aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII que solo ha sido utilizada en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, se intenta revivirla alegando una supuesta amenaza de “invasión” por parte de presuntos grupos delictivos.
La resolución del Supremo establece que:
“Se ordena al Gobierno que no expulse de los Estados Unidos a ningún miembro del grupo putativo de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal”, en espera de que el caso sea evaluado por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra de la medida. Alito emitirá un voto particular para argumentar su disenso. Los otros siete magistrados del tribunal, cuatro conservadores y tres progresistas, respaldaron la decisión de suspender las deportaciones.
La administración Trump sostiene que los detenidos tienen vínculos con organizaciones como el Tren de Aragua, sin aportar pruebas ni ofrecer garantías procesales. Cabe destacar que, en un caso previo, un inmigrante salvadoreño con residencia legal fue deportado por error y el Gobierno se ha negado a gestionar su retorno.
En una decisión reciente, el mismo Tribunal Supremo permitió al Ejecutivo seguir utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros. Pero recordó que los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar su expulsión y contar con un “tiempo razonable” para acudir a los tribunales.
Las juezas disidentes enfatizaron que esta ley solo debería aplicarse en caso de guerra declarada con una nación extranjera, lo que no corresponde al contexto actual entre Estados Unidos y Venezuela. Advirtieron que esta interpretación del Ejecutivo podría permitir expulsiones sin derecho a revisión judicial, incluso de ciudadanos estadounidenses.
Ciudad Valencia / Venezuela News
