En medio del supuesto índice de pobreza en Argentina (52,9 %), se anunció una serie de despidos en el Gobierno, la cual fue anunciada por el presidente de la República, Javier Milei, en una entrevista televisiva, informando la rescisión de los contratos temporarios.
La noticia llegó a las casillas de mails personales de los trabajadores. En un breve texto se les avisó que no se les renovará su contrato, que finaliza a fin de mes, y pidió que por lo tanto se abstengan de concurrir a los lugares donde habitualmente desempeñan tareas.
Según informan desde el sector, hay despidos entre personas con 15, 20 o más años de antigüedad como estatales.
Por el momento, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó a articular concentraciones frente a edificios públicos y asambleas en lugares de trabajo para resistir.
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Como respuesta a los despidos en la administración pública nacional, ATE llevará a cabo protestas simultáneas en todas las dependencias del Estado por la posibilidad de 65 mil recesiones de contratos temporarios de trabajadores públicos, a los cuales sus contratos se vencen este 30 de septiembre.
Uno de los organismos más afectados es el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, lugar donde se enviaron alrededor de mil 400 mails de despidos.
Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos tiene más de 80 trabajadores notificados de sus despidos a principio de esta semana.
Además, se pudo conocer de la recesión de contratos temporarios de las oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Social, entre otros organismos y dependencias.
En total son 65 mil los trabajadores que están en riesgo de quedar sin contratos de trabajo con el Estado argentino.
Todos estos despidos, se dirigieron al personal cuyos contratos trimestrales vencen el 30 de septiembre y que vienen siendo amedrentados desde que Milei asumió el Gobierno que cada 90 días pasa su «plan motosierra» por hilo más delgado.
En los nueve meses del gobierno de Milei hubo al menos 30 mil despidos de trabajadores públicos, según lo había revelado el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) a través de un informe.
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Ciudad Valencia / Telesur
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