Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: La historiografía actual, o reciente como también se le conoce, cuando ha abordado el proceso de crisis del régimen puntofijista no ha dudado en señalar lo ocurrido el 18 de febrero de 1983 (Viernes Negro) como un punto crucial en el proceso de deterioro que condujo a la debacle del sistema establecido en 1958.
Sin embargo, las consideraciones que se esgrimen para explicar ese hecho han estado referidas, fundamentalmente, a la errada aplicación de políticas económicas que habrían producido una fuga masiva de capitales, aunado a un contexto de crisis financiera internacional que habría elevado las tasas de interés y, por tanto, el aumento desproporcionado de los montos adeudados por los llamados Países en Vías de Desarrollo.
Explicación consensuada:
En la década de los setenta de siglo pasado, en América Latina, muchos países experimentaron crecimiento de sus economías como consecuencia del alto precio de sus materias primas de exportación, tal situación habría llevado a la banca internacional a ofrecer préstamos financieros a intereses aceptables para ejecutar proyectos de infraestructura que eran imposibles de realizar con recursos del gasto corriente, lo que produjo un proceso de endeudamiento acelerado de muchos países.
En Venezuela esos planes de financiamiento fueron solicitados tanto por el gobierno central como por entes descentralizados de la administración pública, en una cantidad y condiciones que resultaban innecesarias y leoninas para el país (amén de los hechos de corrupción subyacentes), sobre todo después del alza exorbitante que alcanzaron los precios del petróleo a consecuencia de la guerra del Yom Kipur de 1973. Repentinamente el Estado fue arropado por una cantidad de recursos monetarios, los provenientes del propio incremento del precio petrolero y los que llegaban vía préstamos otorgados por organismos multilaterales. Era lo que un connotado intelectual había denominado “El festín de Baltazar”.
En este contexto estalló la crisis de la deuda que afectó a numerosos países de la región cuando, a comienzo de los años ochenta, México, una de las naciones más endeudados de la región, declaró la moratoria de su deuda, situación que generó pánico en los mercados financieros e hizo que la banca privada elevara las tasas de interés de los préstamos otorgados apelando a un tecnicismo financiero: el alto índice del riesgo país ponía en peligro sus capitales. El aumento de las tasas de interés produjo el incremento desproporcionado del monto de la deuda hasta el punto de hacerla impagable.
Más allá de esta explicación consensuada ofrecida por la historiografía tradicional, valdría la pena mirar este proceso como el esfuerzos orquestado desde los centros de poder imperial (estatales y privados) para quebrar las economías nacionales, debilitando sus ventajas competitivas y sus productos de exportación, haciendo colapsar sus economías para favorecer los intereses de las grandes potencias, Estados Unidos en primer lugar, de la banca privada internacional y de los grandes oligopolios cuya acumulación y concentración de capitales no tenía, ni tiene, precedentes en la historia de la humanidad.
Una política que buscaba promover el libre comercio y la competencia desigual (el neoliberalismo liderado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años ochenta) que abriría las puertas de los países en desarrollo, sin ningún tipo de restricciones, a las empresas y productos representados por estos sectores. Esa política intentaría implementarse con mayor definición en América Latina en los años noventa del siglo pasado a través del llamado Consenso de Washington; política que también logró auge en el marco de la llamada crisis de la democracia que experimentaron muchos países de la región.
En Venezuela, a comienzo de la década de los ochenta, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, la crisis de la deuda hizo colapsar el modelo rentista petrolero marcando el adiós definitivo de la “Venezuela Saudita” del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y los tiempos del “Ta barato, dame dos”. Esta explicación que, grosso modo, resulta consensuada en los análisis que se han formulado, ha dejado de lado otros aspectos que fueron develados por la profesora Judith Valencia en una interesante conferencia.
Proyecto de dominación
Efectivamente, a propósito de los cuarenta años del llamado Viernes Negro, en 2023, el Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH) organizó un conversatorio en el que la reconocida profesora e investigadora abordó el tema desde una perspectiva diferente.
En su criterio, la crisis de la deuda en América Latina no habría sido un hecho coyuntural atribuible a la ejecución de políticas populistas, desacertados manejos financieros, desplome del precio de las materias primas y numerosos hechos de corrupción que habrían rodeado las particularidades de cada uno de los países; sino a un plan orquestado desde los centros imperiales de poder: Estados Unidos, la banca privada internacional, grandes corporaciones industriales transnacionales; cuyo fin habría sido apoderarse de la infraestructura industrial y la de servicios construidas en los países del continente en el marco de las políticas de desarrollo económico y sustitución de importaciones.
Desde esa perspectiva, la expansión del capital transnacional, que habría entrado en un proceso de ocupación territorial a través de grandes corporaciones: financieras e industriales, requería apropiarse de la infraestructura existente en las naciones del continente para aumentar la expansión de sus actividades económicas.
Esto explicaría el impulso del neoliberalismo y las políticas del Consenso de Washington que desde la década de los ochenta promovían la desinversión del Estado y su reducción a la mínima expresión. En Venezuela, la expresión doctrinaria del pensamiento neoliberal estuvo condensada en un pequeño libro escrito en los años ochenta por un reconocido empresario Marcel Granier: La generación de relevo versus el Estado omnipotente.
Al no poder sostener las infraestructuras creadas, por ineficiencia y corrupción, la opción más viable en el escenario, desde la lógica del razonamiento neoliberal, era la privatización de empresas. Visto en esta perspectiva, cobran otro sentido los procesos de privatización que en el país adelantaron los gobiernos de CAP II y Caldera II: CANTV, Empresas Básicas, VIASA, entre otras; incluso ramas pertenecientes al sector social como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La política neoliberal procuraba la desaparición total del llamado Estado de Bienestar instaurado en la primera mitad del siglo XX.
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En apoyo de su análisis, la profesora Judith Valencia citaba el planteamiento formulado por uno de los miembros de la familia Rockefeller a un grupo de mandatarios de la región en la década de los ochenta: la solución a la crisis de la deuda externa, habría dicho el multimillonario, pasa por un proceso de capitalización, esto es, la venta de los activos del Estado para pagar los montos adeudados a la banca internacional.
Esta interesante perspectiva de análisis ofrecida por la profesora Judith Valencia presenta elementos para replantear el estudio de la crisis económica venezolana, situándola no solo en los factores administrativos o gerenciales, sino también en su articulación con el proyecto de dominación orquestado por el imperialismo norteamericano y sus aliados; elementos estos, que hasta ahora han sido ignorados por economistas e historiadores.
También arroja luces para comprender con mayor fundamentación la política de agresiones multiforme que la patria ha enfrentado desde el año 2015, de forma abierta, sistemática y recurrente.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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