Los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina expresaron este lunes su «profunda preocupación» por la detención del expresidente, Pedro Castillo, e hicieron un llamado a respetar la voluntad popular tras crisis en Perú.

A través de una declaración conjunta, los cuatro países de la región detallaron que para el mundo no es novedad que el presidente Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de hostigamiento antidemocrático, violatorio del artículo 23 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos.

Señalaron que Castillo fue objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.

 

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Las autoridades señalaron que “nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.

Esa “es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, resaltaron.

“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

Los gobiernos indicaron, tras la crisis en Perú: “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados” en el artículo 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

 

Castillo ganó las elecciones de 2021 y asumió su cargo el 28 de julio de ese año para un periodo de cinco años. Sin embargo, el pasado 7 de diciembre fue destituido por el Congreso y retenido en una prisión acusado por los cargos de presunta rebelión y conspiración.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió es mismo lunes un comunicado para responder a ese pronunciamiento de los cuatro países, en el cual señaló que la destitución de Castillo se dio “en el marco del más estricto respeto a la Constitución”.

“Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado”, anotó la cancillería peruana.

 

Agregó: “Generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones”.

 

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Ciudad Valencia / Telesur

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