Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por primera vez a un general retirado del Ejército de Colombia por 130 ejecuciones extrajudiciales, en el caso conocido como falsos positivos.
El general (r) Mario Montoya es el militar de mayor rango que ha rendido versión ante la JEP por el caso «falsos positivos». Junto a otros ocho militares fueron acusados por ser autores de «crímenes de guerra y de lesa humanidad», sentenció la JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016, reportó Prensa Latina.
La instancia señaló que los militares cometieron «asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado», durante el 2002 y 2003 en el oriente del departamento de Antioquia.
Además, Montoya, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, fue acusado de «mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate».
Asimismo, lo acusan de «emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados», explicó la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz.
La JEP también imputó a Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero (ambos teniente coronel), a cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular.
Este tipo de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, fue «una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate».
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la JEP, señaló que esos oficiales instigaron o indujeron a los ejecutores materiales.
En un informe de febrero de 2021, la JEP estableció que la cifra total de víctimas entre 2002 y 2008 era de seis mil 402, principalmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
De las seis mil 402 víctimas de homicidios y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate identificadas por la Sala entre 2002 y 2008, mi 613 ocurrieron en el departamento de Antioquia.
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Ciudad Valencia / AVN
