El presidente argentino anunció que invalidará la ley de movilidad jubilatoria supuestamente destinada a recomponer los haberes que perdieron más del 25 % de su valor en los últimos siete meses.
El mandatario justificó su decisión en su política de ajuste fiscal o “motosierra” y argumentó en un comunicado publicado por su oficina que «destruiría el programa económico del Gobierno» y que su aplicación implicaría un gasto exorbitante sin respaldo presupuestario.
Es que el recorte de las erogaciones del Estado se hizo en un 27 % en base al recorte al sistema previsional por el cual se atiende a la realidad es que la mayoría de los jubilados y pensionados sigue soportando el mayor peso del ajuste según indica en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
LEE TAMBIÉN: EEUU: Alerta máxima por sospechas de asesinato contra expresidente Donald Trump
Tal es así que en los primeros siete meses del año, la motosierra podó 22,5 billones de pesos (el equivalente a casi $. 17 mil millones) comparado con 2023 a valores constantes.
En concreto, hoy más del 70 % de los jubilados cobran la jubilación mínima, que a partir de septiembre los jubilados de la mínima cobrarán unos $304.540 en mano (aprox. $. 225) y con la fórmula de actualización actual otorga aumentos por debajo de la tasa inflacionaria.
Este recorte inédito en la historia según indican los propios funcionarios del Gobierno es defendido por funcionarios de gobierno como el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios del Ejecutivo que aseguran que el equilibrio fiscal como «innegociable».
Mientras, el jefe del Ejecutivo catalogó la medida aprobada por toda la oposición parlamentaria como una medida «irresponsable» y «populista».
¿Qué dice supuestamente la ley de movilidad jubilatoria?
La ley estipula un aumento del 8,1 % en las jubilaciones y ajusta el índice de actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual contempla la inflación.
La ley también contempla un suplemento dinerario para garantizar que los ingresos totales de los jubilados no sean inferiores al valor de la canasta básica.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de la ley representaría un gasto adicional del 0,43 % del presupuesto nacional.
LEE TAMBIÉN: Defensa rusa derriba 28 drones enemigos sobre seis regiones del país
La ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso se presentó como una medida para mejorar la situación de los jubilados, quienes han visto una disminución significativa en su poder adquisitivo debido a la inflación y a los recortes en sus haberes.
La vinculación de las jubilaciones al IPC busca proteger a este sector de la población frente a la continua devaluación de sus ingresos.
Dudas sobre el veto a la ley
De acuerdo con la Constitución Nacional argentina, en caso de que el presidente vete el proyecto, este regresará a la Cámara de origen, donde los legisladores podrán insistir con la sanción del texto si logran reunir nuevamente una mayoría calificada de dos tercios.
Si ambas cámaras confirman la ley por esa misma mayoría, el veto presidencial puede ser revertido y la ley promulgada.
Esta situación es la más probable, dado que la votación en el Senado reflejó un apoyo mayoritario a la reforma, con más de dos tercios de los votos a favor: 61 votos a favor y solo 8 en contra.
En tanto, en la Cámara de Diputados, la ley de movilidad jubilatoria obtuvo 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones, también superando la mayoría calificada necesaria para revertir un veto presidencial.
El anuncio del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria representa un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto de tensiones sobre el manejo del gasto público y la protección de los sectores más vulnerables.
LEE TAMBIÉN: Tensiones en Medio Oriente por presencia de Portaviones y destructores estadounidenses
Ciudad Valencia / Telesur
