Si bien hablar de las categorías derecha e izquierda resulta confuso en la actualidad por el solapamiento y las lógicas promercado que tomaron el control de la política, lo que exige que sean categorías que deban ser problematizadas a profundidad, se rescata la perspectiva que emplea Norberto Bobbio en su texto Derecha e Izquierda, al caracterizar a la primera como más enfocada en la visión individual de la defensa de la libertad y la segunda más enfocada en aspectos colectivos de la defensa de la igualdad.
Sin caer en profundizaciones teóricas ni en clichés que terminan nublando el análisis (no todo partido que se llame socialista es un partido de izquierda) en el contexto actual latinoamericano y caribeño entendemos por gobierno de derecha a los que promueven la reproducción del sistema actual de dominación que profundiza la desigualdad y que se expresa en la aplicación de la ortodoxia neoliberal: reducción al mínimo del Estado (privatizaciones y desregulación de los mercados), hiperindividualismo y alineamiento de la clase política dirigente con los intereses geopolíticos occidentales (léase Estados Unidos).
Recientemente, en Ecuador y en Argentina presenciamos la asunción a los gobiernos de dichos países de opciones claramente identificadas con la descripción anterior. En el caso de Ecuador, el presidente Daniel Noboa es heredero de la oligarquía agraria del país, detrás de él está una de las familias más poderosas, propietaria de la empresa Exportadora Bananera Noboa, que se ha beneficiado de conexiones políticas y leyes creadas específicamente para proteger los intereses capitalistas. Si bien su mandato será solo de poco más de año y medio, las políticas en favor de la reducción del Estado y la confiscación de derechos, sobre todo laborales, se prevé será un continuo en los próximos meses.
En Argentina la alianza entre la derecha tradicional representada por Mauricio Macri y la ultraderecha de Javier Milei consiguieron una contundente victoria el pasado mes de noviembre, dando inicio a un nuevo ciclo neoliberal con las consecuencias sociales y económicas ya vistas anteriormente en esas latitudes. La materialización de una megadevaluación, los despidos masivos, las privatizaciones y, más llamativa aún, la criminalización de la protesta social a solo días de haber tomado posesión de la Casa Rosada permite prever los años de conflictividad política-social que le esperan a la nación sureña. Atrás quedó ya no el recuerdo de Menem hace 25 años, sino la amarga experiencia neoliberal que representó Macri hace apenas un periodo presidencial.
Este par de ejemplos y otras posibilidades que se pudieran sumar en los años por venir, como el de José Antonio Kast Rist en Chile, debe llamarnos a una profunda reflexión enfocada ya no en la ideología o en el programa de los partidos o movimientos políticos que se enfrentan cada cierto tiempo en las elecciones, sino más bien en la tibieza y la desconexión de la clase política con las necesidades de las y los electores que se muestran a partir del hartazgo producido por tal situación, dispuestos a votar por cualquier tipo de cambio que modifique su precaria situación actual, comprando cualquier tipo de soluciones.
Caso particular es el papel que juegan los medios de comunicación en promover esos liderazgos de derecha y extrema derecha, siempre y cuando posibiliten dinamitar el camino de cualquier opción que pudiera representar un cambio, sustancial o no, del statu quo imperante. Lo cierto es que la tan cacareada alternancia, pilar de la democracia liberal, en materia de indicadores lo que está generando son ciclos de avances y retrocesos, sobre todo a nivel socio-económico, del que resultará difícil salir, sin las consecuencias nefastas para los países donde ocurre.
LA INTEGRACIÓN REGIONAL SE MANTIENE COMO TAREA PENDIENTE
Mucho se habló de que el regreso de la llamada «ola progresista» iniciada con las victorias electorales de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, y que encontraría en los triunfos de Gustavo Petro en Colombia y de Lula da Silva en Brasil hace pocos meses, daría el impulso final para detonar un relanzamiento de algún proceso de integración que fortaleciera la posición de la región como bloque geopolítico, geoeconómico y hasta geohistórico en el concierto internacional.
No obstante, tal acontecimiento no ha ocurrido; más allá de la voluntad política que toda iniciativa de integración debe tener, no se observa en la región el impulso económico capaz de estimular y financiar, a través de iniciativas públicas o privadas, esos proyectos conjuntos que permitan superar el momento meramente discursivo visto durante 2023.
Quizá pensando desde Sudamérica, el llamado a liderar ese proceso sería Brasil, a sabiendas de que en Planalto se encuentra Lula, quien ha dado muestras de estar comprometido con la integración regional y que en algún momento lideró junto con otros países (Venezuela y Argentina) la consolidación de toda la institucionalidad de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
No obstante, Lula se muestra más interesado en recuperar los indicadores económicos venidos abajo durante la administración de Jair Bolsonaro y en fortalecer la posición interna del Partido de los Trabajadores y las alianzas políticas internas que le permitieron ganar las elecciones en 2022. Tales condiciones hacen que la política internacional de la región no se muestre redituable, más allá de los esfuerzos que realizara este año convocando una reunión de presidentes de Sudamérica (Consenso de Brasilia en mayo de 2023) y relanzando el Tratado de Cooperación Amazónico y su organización OTCA, siendo este último de especial interés geopolítico para Brasil por representar más de 50% del pulmón vegetal del planeta.
La exposición internacional que tendrá Brasil el próximo 2024, cuando le toque asumir la presidencia pro-témpore del G20 y muy probablemente organizar la cumbre de los BRICS y la COP30 para el año 2025, le permitirá de nuevo al presidente Lula asumir parte del liderazgo regional de forma mucha más activa tratando de vincular la región en estos espacios geopolíticos de importancia.
VENEZUELA, EL BLOQUEO Y EL ESEQUIBO
En Venezuela hemos presenciado durante este año 2023 un proceso de destrabamiento, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden, que ha desembocado en una flexibilización parcial y temporal de las sanciones que en materia petrolera pesan sobre Venezuela, influenciado por el comportamiento energético mundial después de la operación especial militar rusa en Ucrania y el genocidio israelí en Gaza, desestabilizando Asia Occidental.
Este movimiento propio de la dinámica geopolítica, si bien pudo tomar desprevenido a más de uno, es muestra una vez más de cómo los intereses puntuales van determinando y delineando el comportamiento de las potencias según sus intereses. Esto no debería significar, para el caso de Venezuela, caer en el discurso triunfalista que pretende posicionar la finalización del régimen de sanciones contra el país, por el contrario, lo que pretende es evidenciar la elasticidad de la posición estadounidense cuando de sus intereses se trata.
Recordemos que las medidas anunciadas representan exenciones o licencias realizadas sobre las bases de las órdenes ejecutivas que aún persisten contra el país. En consecuencia, no hay un levantamiento de sanciones sobre los sectores mencionados en tales licencias. Para restituir la libertad económica y comercial que le fue arrebata a Venezuela, deben ser derogadas todas las órdenes ejecutivas que se impusieron desde el año 2015, así como la legislación que otorga la base jurídica para las mismas.
Más allá del discurso que pretende amarrar el otorgamiento de dichas licencias al acuerdo político que el gobierno y algún sector de las oposiciones mantenga, lo cierto es que el retorno del crudo venezolano al mercado mundial de energía le otorga una tranquilidad y estabilidad al mismo, que es muy apreciable en la actual coyuntura. Al parecer todo indica que en 2024 se mantendrán las cosas tal cual como viene ocurriendo al final de este 2023, operaciones limitadas de Venezuela en materia petrolera con una incidencia importante en el mercado energético mundial.
Otra cosa ocurre con el diferendo territorial sobre el Esequibo, con el que asistimos a un escalamiento inusitado, solo explicado por las implicaciones que la transnacional energética ExxonMobil mantiene en aguas aún por delimitar a causa de la controversia limítrofe sin resolver que mantienen Venezuela y Guyana. No obstante, luego de los resultados del referéndum consultivo en donde se logró que la República Cooperativa volviese a la mesa de negociación con Venezuela, a pesar de su reiterada y pública negativa a hacerlo, el pasado 14 de diciembre ambos mandatarios se encontraron en San Vicente y las Granadinas bajo los auspicios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad del Caribe (Caricom).
Sin tener claridad sobre el desenlace de la disputa, fundamentalmente por las posiciones divergentes de Guyana (quien unilateralmente acude a la Corte Internacional de Justicia) y de Venezuela (que apuesta al diálogo bilateral a través del Acuerdo de Ginebra), lo cierto es que, tanto para ambos países, como para la región y el mercado internacional de energías, el desescalamiento y estabilización regional es la mejor opción.
La apuesta de Venezuela y la opción más viable para la región y el mercado internacional, en este contexto, debe seguir presionando por la solución negociada a nivel bilateral con Guyana, desconociendo cualquier jurisdicción de instancias internacionales no contempladas en el Acuerdo de Ginebra, incluyendo la Corte Internacional de Justicia y abogando por un regreso al status quo que representaba el documento de 1966.
Este tema, junto con los planteados anteriormente, estará marcando la agenda regional y nacional de cara al desarrollo de un año 2024 que se muestra desafiante ante el contexto actual de disputa en todos los ámbitos que asistimos internacional, regional y nacionalmente.
Ciudad Valencia / Misión Verdad
