El inicio de la Copa del Mundo 2026 evidenció el deterioro de los medios estatales argentinos tras la inédita ausencia de la ceremonia inaugural en la Televisión Pública (TVP). Esta ausencia rompe con décadas de transmisiones que garantizaron el acceso gratuito al fútbol para millones de hogares. La situación, anticipada por los gremios, fue confirmada por la propia intervención del canal al no poder gestionar la emisión del acto de apertura.
Bajo la gestión de Javier Milei, la Televisión Pública apenas transmitirá diez partidos del Mundial 2026, a diferencia de Qatar 2022, cuando cubrió la totalidad del torneo con saldo financiero positivo. Cuatro sindicatos denunciaron que, mientras los salarios del sector llevan dos años congelados, la pantalla quedó entregada a manos privadas. Esta acción evidencia un modelo donde el Estado renuncia a la producción propia para abrirle el negocio a terceros.
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El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi, afirmó: «Si el canal está al aire, es solo por el profesionalismo de nuestros compañeros y compañeras que hacen todo a pesar del vaciamiento estructural, la destrucción del equipamiento y la falta de inversión. Encima de todo eso, privatizan la pantalla y hacen negocios».
La crítica gremial va más allá de la cantidad de partidos. Horas antes del debut de Argentina frente a Argelia, los sindicatos advirtieron en un comunicado conjunto sobre una alarmante particularidad histórica: «Al mando de Adorni y la intervención de RTA, por primera vez en la historia, serán privados quienes se queden con las transmisiones y el dinero de la emisión de los partidos del Mundial».
El reclamo une al Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (Salco), la Asociación de Personal Jerarquizado (APJ) y el SiPreBA. Todos coinciden en un dato que desmonta el discurso del ahorro estatal: la tercerización de cada transmisión resulta notablemente más costosa que la producción propia desplegada en Qatar.
Aunque la gestión justifica los recortes por eficiencia, privatizar las transmisiones multiplica los gastos y achica el alcance del servicio gratuito nacional. Este conflicto, agudizado en los últimos meses, atraviesa toda la administración actual y afecta directamente a los trabajadores de los medios públicos, quienes ya acumulan 24 meses con los salarios congelados por debajo del umbral de subsistencia.
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La protesta también alcanzó a la radio estatal. La semana pasada, un paro en Radio Nacional reunió en la sede porteña de Maipú 555 a delegaciones gremiales de Neuquén, Esquel, Santa Fe, Rosario, Salta y Tandil. Allí denunciaron que el vaciamiento golpea a las emisoras del interior, donde la programación propia prácticamente desapareció.
«Los sueldos en Radio Nacional están por debajo de la línea de la indigencia. Así apagan las voces de las provincias», señalaron los trabajadores durante la movilización, que acompañaron con un mapa del silenciamiento nacional difundido en redes mientras la señal seguía al aire con canciones de reclamo.
La pulseada argentina reabre una discusión que recorre toda América Latina sobre el papel de los medios estatales. El avance de la lógica privatizadora sobre eventos de interés masivo, como un Mundial de fútbol, plantea hasta dónde un Estado puede ceder el control de contenidos que siempre funcionaron como bienes públicos.
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Fuente: Telesur
Ciudad Valencia/FM/MG
