Las movilizaciones, que se extendieron durante un mes para protestar contra la eliminación del subsidio al diésel, también resultaron en la detención de 206 personas y múltiples reportes de violaciones a los derechos humanos.
Violaciones de derechos humanos
La Alianza recibió 700 reportes, de los cuales 391 fueron validados, confirmando violaciones de derechos humanos, muertes y heridos.
Vivian Idrobo, miembro de organización de derechos humanos, señaló la existencia de un posible subregistro de las cifras por parte del Estado ecuatoriano y lamentó que la Defensoría del Pueblo no cumpliera con su función durante las protestas.
La abogada María Espinoza, especialista en derechos humanos, analizó el contexto del paro, indicando que este no fue un evento súbito, sino el resultado de un «debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos» y una «concentración del autoritarismo estatal, en manos particularmente del Ejecutivo».
Espinoza condenó la respuesta gubernamental a la protesta social, calificándola de «militar, estigmatizante y de odio» desde el primer día.
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Fuente: teleSUR
Ciudad Valencia/M.Ll













