Durante la tarde de este sábado, a prácticamente una semana de la segunda vuelta presidencial en Perú, el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicó a la candidata de derecha Keiko Fujimori al frente con 9.056.884 votos (50,030%), mientras que el aspirante de izquierda, Pedro Castillo, aparecía con 9.045.946 sufragios (49,970%), con el escrutinio al 98,435%.
Del total de 92.766 actas, 91.314 ya fueron contabilizadas, mientras que 1.452 se enviaron al Jurado Electoral Especial (JEE) bajo la categoría de «observadas» o «impugnadas», debido a errores materiales o reclamos presentados por los partidos en disputa: Fuerza Popular, de Fujimori, y Perú Libre, de Castillo.
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El viernes, tras procesar el 100% de las actas y quedar una diferencia de apenas 11.000 votos, la ONPE dejó la definición presidencial en manos de las miles de boletas observadas o impugnadas. La revisión final de estas actas en disputa, que a veces exige un conteo papeleta por papeleta, es lo que ralentiza el anuncio del ganador definitivo.
Al informar el viernes sobre la finalización del procesamiento del total de actas, tras seis días de trabajo, la propia ONPE aclaró que no se puede proclamar un ganador definitivo hasta tanto concluya el análisis de las actas pendiente por el Jurado Electoral Especial.
Ese mismo día, la candidata Keiko Fujimori rechazó una propuesta de reconteo total de los votos de la segunda vuelta, la cual había sido planteada por los sectores de izquierda tras denuncias de presuntas anomalías en el proceso.
Ante la sospecha de tales irregularidades, Roberto Sánchez propuso formalmente a Fujimori ese mismo viernes solicitar, de manera conjunta, una revisión exhaustiva y el reconteo total de los de la segunda vuelta presidencial. El planteamiento del candidato progresista buscaba certificar la transparencia absoluta del proceso, garantizar la legitimidad del ganador y resguardar la estabilidad política del país.
El candidato de Juntos por el Perú dijo en rueda de prensa que se ha dirigido a su rival con esa propuesta de revisión «sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde».
Afirmó que esta acción conjunta daría a la ciudadanía la «estabilidad, certeza y confianza total» en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso. Asimismo, Sánchez denunció que mientras Fuerza Popular pretende anular votos en las regiones del sursu ,principal bastión, su agrupación detectó presuntas irregularidades en Lima y en mesas del exterior, lo que los llevó a impugnar formalmente los sufragios emitidos en Estados Unidos y Argentina.
La dirigencia de Juntos por el Perú calificó de «inadmisible» el cambio del registro digital de actas por un sistema físico a mitad de la jornada. Ante esto, la organización presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash, tras argumentar presuntas manipulaciones que habrían favorecido a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori.
Según el documento, el partido identificó»indicios graves y sistemáticos» con patrones de votación repetitivos a favor de Fuerza Popular en distritos de esos departamentos. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la solicitud de nulidad de Juntos por el Perú (JP) debido a que el partido no costeó la tasa requerida: anular cada mesa cuesta 1.375 soles (404 dólares), lo que elevaba el total del trámite a 2,4 millones de soles (705.000 dólares).
Este sábado, en sus redes sociales, el partido izquierdista hizo un llamado a la solidaridad de sus simpatizantes para enviar donaciones económicas con el fin de financiar la anulación de mesas.
La agrupación política afirmó que el apoyo ciudadano es crucial para costear la defensa del voto ante los entes electorales. Asimismo, aclaró que la información financiera se difunde exclusivamente en sus canales oficiales, por lo que exhortó a los simpatizantes de Sánchez a verificar los datos antes de donar para evitar estafas con cuentas falsas.
Ante lo cerrado del escrutinio y la disputa en torno a las actas impugnadas, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió el jueves al presidente interino de Perú, José María Balcázar, y a las fuerzas de seguridad nacionales, reforzar el control del orden interno en la capital para prevenir posibles actos violentos en medio del tenso ambiente electoral.
En un comunicado de la Municipalidad de Lima, el alcalde recordó que está en vigor el decreto supremo que prorroga el estado de emergencia declarado en la capital por 60 días de calendario, una medida tomada por el Ejecutivo ante el auge del crimen organizado.
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Fuente: TeleSUR
Ciudad Valencia/FM/RM
