El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló, a solicitud del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, la disposición contenida en el único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, por carecer de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar.
La referida norma imponía pena de uno a tres años de prisión al militar que cometiera «actos sexuales contra natura», sin definir qué debe entenderse por tales actos, cuando los principios constitucionales de taxatividad y legalidad penal, exigen que la descripción de delitos sea clara y precisa para evitar investigaciones, procesos y sanciones al margen de lo que quiso pensar el legislador, reseña nota de prensa.
Tribunal Supremo de Justicia declara nulidad de norma preconstitucional del
Código Orgánico de Justicia Militar https://t.co/yLCmOh7cnu#16Mar#TSJAvanza pic.twitter.com/5IuxkBX8Gu— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) March 17, 2023
Dicha actuación, declarada de mero derecho, se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Ley Orgánica del TSJ; además, en los principios fundamentales de determinación, ley estricta, taxatividad y legalidad penal.
Además, su hipotética aplicación pudiera lesionar, en algunos supuestos, los principios de proscripción de la analogía in malam partem, reserva legal, progresividad de los Derechos Humanos, responsabilidad por la conducta externa, culpabilidad, igualdad, exclusiva protección de bienes jurídicos, lesividad, expectativa plausible, confianza legítima, presunción de inocencia, in dubio pro reo, racionalidad, subsidiariedad, libertad, seguridad jurídica y debido proceso, entre otros axiomas generales del Derecho.
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Inclusive, aun cuando se entendiera por actos sexuales contra natura, aquellos no destinados a la reproducción, dicha interpretación, a la luz de las concepciones científicas, sociales y jurídicas actuales, no resulta compatible con la Constitución ni con instrumentos internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República, ante todo, por ser contraria al postulado fundamental de progresividad en materia de garantía de los derechos humanos.
En ese sentido, el TSJ se circunscribió a la solicitud de nulidad, sin emitir ninguna otra conclusión vinculada a esta materia, por lo que asentó que «el referido control de la constitucionalidad está basado en razones estrictamente jurídicas».
Ciudad Valencia / AVN
