La Cámara de Diputados (Baja) de Chile votará este jueves si aprueba una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por presunta responsabilidad en las violaciones de derechos humanos contra los participantes de las protestas sociales que desde el 18 de octubre se repiten en todo el territorio contra su Gobierno. 

La iniciativa fue planteada por 11 parlamentarios de distintas facciones opositoras (se necesitaban 10), que consideran responsable al mandatario por los abusos cometidos por la Policía (Carabineros) y las Fuerzas Armadas, en el marco de la represión a las manifestaciones de grupos opositores, motorizadas principalmente por gremios y agrupaciones estudiantiles, pero también por numerosos ciudadanos independientes. 

La acusación constitucional se cimienta en los informes que elaboraron organismos de derechos humanos, tanto del ámbito local como internacional, que dan cuenta de la cantidad de denuncias presentadas ante el violento accionar de los agentes del Estado contra los manifestantes. 

 

 

En Chile, la acusación constitucional es un instrumento jurídico-político que se encuentra establecido en los artículos 52 y 53 de la Constitución de la República.

Dicho instrumento, apunta a altas autoridades del Estado, incluido el presidente, y aplica ante el «abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones».

 

 

¿Qué pasará si la acusación constitucional es aprobada?

Si la iniciativa continua su curso legal, tras la aprobación de la Cámara de Diputados y la del Senado, implicaría la destitución del acusado, quien además quedará inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Acusación constitucional
El pueblo se mantiene en la calle

 

 

Asimismo, el sancionado deberá asumir su responsabilidad civil o penal ante la justicia, si hubiere cometido delito. 

La comisión encargada de la acusación estuvo integrada por cinco diputados elegidos al azar de los diferentes partidos políticos.

Este miércoles, la comisión aprobó por tres votos a dos avanzar con la acusación, un primer paso del proceso que, aunque no es vinculante, otorga mayor legitimidad a la acusación.

 

 

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El Ejecutivo promoverá sus defensas

Sintetizando el proceso, el pleno de la cámara revisará este jueves la cuestión previa, luego el fondo de la acusación y en caso de pasar ambas etapas la tratará el Senado.

Sobre la cuestión previa, la defensa del presidente va a anteponer un recurso de inadmisibilidad, que, si se acepta, echará por la borda todo el proceso. 

 

 

Piñera dice que la acusación constitucional no tiene fundamento

El pasado 4 de diciembre, Piñera presentó por escrito su defensa frente a la acusación constitucional, en un texto que señala que se le imputan delitos cometidos por terceros.

Acusación constitucional

En este sentido, en declaraciones públicas, el mandatario había dicho que la querella en su contra no tenía «ningún fundamento» legal.

Pero lo cierto, es que la oposición a Piñera no cuenta en el Senado con la mayoría suficiente para aprobar el proceso de destitución.

Para que la iniciativa sea aprobada se requieren dos tercios de los votos, un objetivo que la oposición no alcanza, aún siendo mayoría en la Cámara, porque los aliados al Presidente ocupan más de un tercio.    

 

 

Sin embargo, sostiene el diputado Daniel Verdessi (Partido Demócrata Cristiano), presidente de la comisión, que será «una señal» al presidente sobre los estándares que «nunca más deben ser traspasados» en Chile, en relación al respeto de los derechos humanos.

Además, Verdessi explicó que en el transcurso de la comisión revisora fueron recibidas muchas personas vinculadas al tema desde distintos puntos de vista.

En este contexto, el legislador enumeró que entrevistaron al ministro de Defensa, el director general de Carabineros, así como abogados constitucionalistas, víctimas de la represión, referentes de derechos humanos, entre otros. 

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Organismos internacionales de DDHH hicieron la diferencia

Para el diputado, la piedra angular de todo este proceso es el hecho de que hayan llegado organismos internacionales de derechos humanos al país, con informes muy negativos respecto al accionar del Estado, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.

Los manifestantes se han organizado para defenderse de los ataques

 

 

Por otro lado, está «la preocupación de la comunidad chilena por estas violaciones inusitadas de derechos humanos de civiles, al margen de la falta de capacidad del Gobierno para mantener el orden público».

Uno de los ítems centrales de esta acusación refiere a la violación “sistemática” de los derechos humanos, lo que a juicio de Verdessi no se prueba, sino que más bien es «generalizada».

«Sistemática implica la participación de otros organismos del Estado, y en este caso no es así, pero sí es generalizada y muy numerosa», advirtió.

 

 

En segundo lugar, está el «comprometer gravemente el honor de la nación», y afectar «el prestigio democrático» y de protección a los derechos humanos de Chile.

«Tenemos la responsabilidad de marcar un nuevo estándar a nivel nacional e internacional de lo que debe ser la responsabilidad del Presidente de la República. Hay una barrera infranqueable, aún con la situación de emergencia que se vivió en el país, con ataques simultáneos a estaciones del metro, saqueos, etcétera, que indica que no hay razón para que no se reserven rigurosamente los derechos humanos. Ahí el Gobierno se pone a prueba y, a mi juicio, reprobó el examen», señaló el legislador.

 

 

¿Debería Piñera preocuparse?

Hay un antecedente reciente que atañe a la administración actual y que la pone en alerta por su máxime relevancia.

En esta línea, el miércoles el Senado aprobó el juicio político contra el exministro del Interior y primo de Piñera, Andrés Chadwick, por las violaciones a los DDHH cometidas durante el estallido social, en el contexto del estado de emergencia.

Para el presidente de la comisión revisora, este aviso puede hacer retrotraer o tomar nuevas medidas al jefe de Estado.

 

 

«Todos los presidentes deben estar al tanto de que, no habiendo justificación alguna, nunca un estado de emergencia puede hacer transgredir los derechos humanos, ni que ocurran mutilaciones oculares, ni muertos», dijo el médico cirujano y político chileno.

Agregando además, “la Policía está mal entrenada, están haciendo uso inadecuado de los protocolos, ya que por algún motivo se acercaba a manifestaciones pacíficas y no a donde era requerida: en saqueos, robos, incendios y otra clase de delitos que no forman parte de la protesta civil».

 

 

El saldo de las protestas en Chile

En relación a esos actos, el mandatario promovió dos proyectos legislativos para castigar con más énfasis a quienes los cometan: la ley antiencapuchados y la ley antisaqueos.

Chile no cesa de llamar al proceso constituyente

 

 

Si bien la primera fue aprobada en general en el Senado, y volverá a Diputados para ser tratada en particular.

En cambio, la segunda tuvo un primer traspié esta semana, ya que la comisión de Seguridad del Senado suprimió el texto original por considerar que establece penas excesivas, y que, por sus ambigüedades, podría funcionar como un método para criminalizar la protesta.

Por tales motivos, la cámara en pleno deberá ahora analizarlo «punto por punto», detalló Verdessi.

Hasta el momento, desde el inicio del conflicto social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile contabiliza un total de 241 personas con lesiones oculares de diversa consideración.

 

 

A su vez, fueron presentadas 604 acciones judiciales contra las fuerzas policiales y militares, entre ellas seis por homicidio, nueve por homicidio frustrado, 88 por violencia sexual, 458 por torturas y tratos crueles, 19 por lesiones, cinco recursos de queja y 19 amparos. 

Lo que debe establecer el Poder Legislativo chileno es si el Presidente es responsable de dichas acciones abusivas. 

Para Verdessi, no hay dudas de que el jefe de Estado pudo haber hecho algo para frenar la escalada de violencia institucional.

 

 

«Inmediatamente debió haber detenido el uso de las escopetas antidisturbios, que se supone que eran para defenderse en caso de un ataque con riesgo vital».

A su vez, cree que el mandatario, por alguna razón, no tomó dimensión de la gravedad de la situación a lo largo de estos casi tres meses.

«Piñera pareció haber estado demasiado alejado de lo que estaba ocurriendo, sin empatía, quizás por manejar información insuficiente o inadecuada, o simplemente porque lo ignoraba», concluyó.

 

 

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Ciudad VLC / Actualidad RT

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