La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó frenar por riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en el país la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de Perú, la cual brinda impunidad a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, ordenó al Estado peruano detener el trámite de dicha norma y abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
De igual forma, la funcionario convocó para el 21 de agosto a una audiencia pública en la Corte, en la que se escucharán a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana.
Sobre la norma aprobada por solo 16 miembros de la Comisión Permanente del Congreso, pese a sus graves implicancias para la justicia y los derechos humanos en el país, la Corte agregó que “de no frenar su promulgación, las autoridades deben abstenerse de aplicar esta ley, hasta que el Tribunal pueda analizar a fondo sus impactos sobre los derechos de las víctimas”.
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De igual manera, la CIDH insiste que esta resolución tiene como antecedente la decisión de la Corte Interamericana de 1° julio del 2024, en la cual se ordenó a Perú no adoptar o dejar sin efecto la Ley de Impunidad (hoy Ley No. 32107), la cual dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú durante el conflicto armado.
En dicha decisión, la Institución de justicia americana subrayó que esa norma afectaba gravemente los derechos de las víctimas y que los tres poderes del Estado debían garantizar que dicha ley, o iniciativas similares, no fueran adoptadas.
“Esta decisión se encuentra en total desacato por parte del Estado peruano”, aseveró el ente, al tiempo de recalcar que ante este nuevo y grave desacato, las organizaciones representantes de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta han acudido nuevamente a la CIDH para solicitar su intervención urgente.
La promulgación de Ley de Amnistía, podría generar consecuencias devastadoras, ya que afectaría directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, vulnerando los derechos a la justicia y a la reparación de las víctimas en el país.
Según se pudo conocer, este perdón se le concedería a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados entre los años 1980 y 2000.
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Ciudad Valencia/Telesur
