Iván Cepeda, líder de la oposición en el Senado de Colombia, alertó este miércoles 8 de julio, que los decretos anunciados por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, revelan que el país «comienza a tener la configuración de un Gobierno paramilitar».
La declaracón de Cepeda enciende las alarmas sobre el rumbo institucional del vecino país.
Denunció que este proyecto se suma a una política sistemática de criminalización de la protesta social alentada por De la Espriella.
El congresista señaló en primer lugar la pretensión de la nueva Administración de crear bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, estructuras que estarían integradas no por servidores públicos, sino por veteranos y reservistas de las fuerzas militares.
El líder de la oposición política argumentó que la nación suramericana conoce bien las consecuencias nefastas de confundir la autoridad legítima con corporaciones armadas civiles, lo cual implica que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza y auspicie la conformación de estructuras paralelas que históricamente provocan mayor violencia, arbitrariedad y una absoluta impunidad en los territorios.
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Cepeda denunció que este proyecto se suma a una política sistemática de criminalización de la protesta social alentada por De la Espriella y secundada por mandatarios locales como los alcaldes Federico Gutiérrez en Medellín y Alejandro Eder en Cali, quienes amenazan con desatar represiones contra las movilizaciones populares pacíficas bajo la premisa de catalogarlas como vandalismo.
El congresista precisó que el Ejecutivo ya anunció el desmontaje de la actual Unidad de diálogo y mantenimiento del orden para restablecer el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios, organismo represivo que ostenta un grave registro de violaciones a los derechos humanos, torturas, violencia sexual y mutilaciones oculares dirigidas especialmente contra la juventud.
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Asimismo, el parlamentario advirtió sobre la intención del mandatario de privatizar y paramilitarizar el sistema penitenciario y carcelario de la nación mediante la construcción de diez megacárceles administradas por un nuevo cuerpo de prisión conformado por reservistas militares, con el fin último de debilitar el disenso, la oposición y la libertad política mediante la aplicación del terror institucional.
Cepeda vinculó esta propuesta con el modelo de acumulación económica de la extrema derecha, basado en el extractivismo minero y de hidrocarburos sin límites legales, que requiere del debilitamiento del disenso político para garantizar el enriquecimiento de minorías aliadas a las corporaciones transnacionales.
En ese sentido, sentenció que estas medidas violan flagrantemente el artículo 22A de la Constitución colombiana, el cual prohíbe de forma categórica promover, organizar o financiar grupos civiles armados de autodefensa o redes privadas de seguridad.
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Por lo cual, ratificó la justeza de su convocatoria hacia una desobediencia civil de carácter pacífico e instó a los organismos internacionales a vigilar con rigor las actuaciones gubernamentales en esta nueva etapa política.
En su pronunciamiento, el dirigente además recordó el saldo histórico de siete décadas de conflicto civil en el país, el cual cobró la vida de al menos 800.000 ciudadanas y ciudadanos según los datos certificados por la Comisión de la Verdad tras el Acuerdo de Paz de 2016.
Asimismo, remarcó que las prácticas autoritarias del pasado incluyeron el espionaje ilegal contra líderes populares, la judicialización mediante falsos testigos y el genocidio político de organizaciones enteras como la Unión Patriótica. Ante este escenario institucional, el líder político ratificó su respaldo permanente a la resistencia activa de las comunidades rurales y de las barriadas urbanas periféricas.
En paralelo, convocó de manera formal a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a mantener un monitoreo urgente sobre el impacto que estas medidas de corte neoliberal tendrán en la seguridad de la población civil en todo el territorio neogranadino.
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Fuente: Telesur
Ciudad Valencia/MP/MG
Foto: Cortesía
