El Gobierno de Cuba anunció este miércoles que en breve se verá imposibilitado a procesar transacciones con tarjetas Visa y Mastercard.
Debido a la entrada en vigor de una nueva ronda de sanciones estadounidenses orientada a bloquear las operaciones financieras de la estatal FINCIMEX, S.A, una entidad adscrita al conglomerado público GAESA, al que Washington impuso nuevas restricciones en mayo pasado.
En la víspera, el Banco Central del país antillano recibió una comunicación remitida por un banco extranjero que se encarga de procesar las operaciones de Visa y Mastercard en Cuba, en el que se les comunicaba la decisión de interrumpir su vínculo con FINCIMEX a partir del próximo 6 de junio.
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Esto guarda relación directa «con la Orden Ejecutiva No. 14.404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de EE.UU., Donald Trump como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba», detalló el organismo en un comunicado.
La Habana explicó que «a partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard», puesto que, de mantenerse la situación actual, la entidad bancaria que ahora funge como intermediaria estaría incurriendo en un ilícito.
No obstante, el Banco Central de Cuba aclaró que continuarán disponibles los otros medios de pago establecidos para pagos en divisas en el país. La lista incluye efectivo, tarjetas locales y tarjetas internacionales de las plataformas Mir y Union Pay.
Esta misma jornada, se hizo público que el consorcio hotelero español Meliá, cesará operaciones en la isla por causa de la nueva oleada de medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Casa Blanca. El sector turístico, una fuente estratégica de divisas con la que las autoridades cubanas han tratado de paliar el acoso de EE.UU. desde la década de 1990, se ha visto particularmente afectado por esas determinaciones.
A inicios de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
El texto acusa sin pruebas al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles«, de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de supuestamente permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China.
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Sobre esas bases infundadas, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.
A principios de mayo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avisó que planeaban imponer nuevas sanciones contra Cuba. Luego lo concretó con medidas coercitivas adicionales contra varios funcionarios del gabinete del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
El 20 de mayo, la Justicia de EE.UU. acusó al expresidente de Cuba, Raúl Castro, y a otras cinco personas por presuntamente haber causado la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, en el contexto del derribo de dos aeronaves, en 1996. Desde entonces, La Habana ha afirmado que los aviones incursionaron ilegalmente en su espacio aéreo y que actuó conforme a derecho.
Ante las acusaciones, las autoridades cubanas valoraron que la maniobra judicial de Washington no es más que «un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano» y cuyo fin último es justificar ante la opinión pública el recrudecimiento del bloqueo y las «amenazas de agresión armada».
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Fuente: RT
Foto: Web
Ciudad Valencia/MG
