“Nada de lo que se ha presentado hoy contradice los derechos de Venezuela; tampoco se ha demostrado que exista otra versión que no sea que el territorio de la Guayana Esequiba es venezolano”, estas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, resumen el pedido que desde 1966 ha reclamado nuestro país.
Venezuela respondió al llamado de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, atendiendo el recurso invocado por Guyana para disputar el reclamo venezolano sobre el Esequibo, a pesar de tener claro que la CIJ no es una instancia para dirimir estas diferencias y que solo el Acuerdo de Ginebra tiene validez para este fin.
El justo reclamo de Venezuela es reconocido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, tratado internacional que rige con toda su fuerza normativa la contención sobre nuestra Guayana Esequiba. Este documento es el único instrumento jurídico válido y vigente para resolver la controversia, ya que invalida el carácter definitivo del Laudo Arbitral de París de 1899, al cual califica de nulo e írrito.
Ante la aseveración de los representantes de nuestro país, es importante hacernos la pregunta: ¿Por qué Venezuela se acoge al Acuerdo de Ginebra y no al Laudo Arbitral de París?
El Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, pocos meses antes de la independencia de Guyana, es un tratado en el que el Reino Unido como potencia colonial y Venezuela reconocen que existe una controversia territorial.
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El objetivo de este acuerdo era lograr una solución práctica y satisfactoria para ambas partes a través de negociaciones amistosas y al firmarlo, todas las partes aceptaron que el Laudo de Arbitral de París en 1899, no había resuelto el problema de forma definitiva, abriendo una nueva etapa de resolución pacífica.
Ante esto, Venezuela expuso la nulidad del Laudo Arbitral de París, y argumenta que aquel arbitraje fue un fraude procesal donde hubo componenda entre los jueces británicos y el ruso, dejando a nuestra nación sin representación real.
Venezuela se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 como su principal escudo jurídico frente a las pretensiones de Guyana. Este documento no es solo un tratado más, sino la prueba de que el conflicto territorial sigue abierto y que el Laudo de 1899 no tiene validez.
Dentro de las pruebas presentadas por el Estado venezolano que evidencian la nulidad del Laudo Arbitral de París, se encuentra el Memorándum de Severo Mallet-Prevost, publicado en 1949, luego del fallecimiento de Mallet-Prevost, en la Revista: The American Journal of International Law. Vol. 43, Nº 3, New York, julio 1949; que reveló componendas políticas para dar fuerza al Laudo en esa negociación ilegal.
Lo que se expuso en ese memorando fue el detrás de escena de una injusticia procesal. Severo Mallet-Prevost fue un abogado estadounidense que formó parte de la defensa nacional en el arbitraje del Laudo de París en 1899. A su muerte en 1948, dejó instrucciones para que se publicara un documento donde él explicó cómo se fraguó la sentencia.
Su revelación fue el motor que permitió a Venezuela denunciar ante la ONU en 1962 que el Laudo Arbitral de París no fue una decisión legal, sino una componenda política.
Mallet-Prevost expuso que hubo un pacto secreto entre el presidente del tribunal, el ruso Fiódor Martens, no actuó como un juez imparcial. Martens presionó a los árbitros estadounidenses que defendían a Venezuela para que aceptaran una línea fronteriza ya trazada a favor de Gran Bretaña.
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Según el memorándum, Martens amenazó a los jueces estadounidenses con que, si no votaban a favor de la propuesta británica, él se uniría a los dos jueces británicos para quitarle a Venezuela aún más territorio, incluyendo las bocas del río Orinoco.
También afirmó el abogado Mallet-Prevost, que el mapa final no se basó en pruebas históricas ni legales, sino en un acuerdo diplomático previo entre el Imperio Británico y Rusia para asegurar sus propios intereses geopolíticos.
La importancia de este documento es porque develó la evidencia de vicios de nulidad; que, en el derecho internacional, un laudo es nulo si se demuestra que hubo coacción, corrupción de un juez o exceso de poder, es decir, el memorando de Mallet-Prevost aportó pruebas de esa coacción y falta de imparcialidad.
Venezuela pudo demostrar ante la comunidad internacional que no estaba intentando romper un tratado como un acto de falta de seriedad, sino que estaba reclamando justicia frente a un fraude histórico. Es entonces, de acuerdo a esta denuncia basada en el memorándum que el Reino Unido aceptó sentarse a negociar nuevamente, lo que culminó en la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Que un abogado de alto nivel como lo fue Mallet-Prevost, años después del juicio, confiese en un documento publicado después de su muerte, que los jueces no leyeron las leyes, sino que se repartieron el territorio en una habitación cerrada por intereses políticos; invalidó moral y legalmente el Laudo de 1899 para Venezuela, convirtiéndose éste en una vergüenza que Guyana hoy intenta ignorar, pretendiendo fundamentar su defensa en un acto que, a todas luces, carece de toda seriedad.
Venezuela mantiene su defensa territorial en los espacios que sean necesarios, así éstos no sean los adecuados; y en palabras de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos, expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, porque Guyana pretenda de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia. Para nosotros, la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y mercantiles, forma parte de nuestra moral histórica irrenunciable”.
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Fuente: Mazo4F
Foto: Prensa presidencial
Ciudad Valencia/MG
