El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció este miércoles sanciones contra 63 funcionarios, periodistas y profesores japoneses por participar en lo que llamó una «campaña antirrusa sin precedentes» con «retórica inaceptable» contra Moscú.

La lista incluye al primer ministro japonés, Fumio Kishida, al ministro de Relaciones Exteriores, Yoshimasa Hayashi, al ministro de Defensa, Nobuo Kishi, y al secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno.

Las sanciones prohíben que las personas seleccionadas ingresen a Rusia indefinidamente, dijo el ministerio.

 

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«La administración de Kishida ha lanzado una campaña antirrusa sin precedentes, permitiendo una retórica inaceptable contra la Federación Rusa, incluyendo calumnias y amenazas directas», indicó el ministerio en un comunicado.

«Se hace eco de figuras públicas, expertos y representantes de los medios de comunicación de Japón, que están completamente sesgados hacia las actitudes de Occidente con respecto a nuestro país», agregó.

 

Japón se unió a Estados Unidos y países europeos para imponer varias sanciones a Rusia desde que Moscú lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero.

El gabinete de Japón aprobó sanciones adicionales contra Rusia el mes pasado, congelando los activos de 398 rusos, incluidas las dos hijas del presidente Vladimir Putin y la esposa del ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y la prohibición de las importaciones de vodka y otros productos.

Japón también decidió congelar los activos de otras 28 organizaciones rusas, como las relacionadas con negocios militares, y dos prestamistas más, Sberbank y Alfa Bank.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Japón ha implementado sanciones económicas e individuales a gran escala contra Rusia, y agregó que las medidas de Tokio tienen como objetivo socavar sus relaciones con Moscú y dañar la economía y la reputación internacional de Rusia.

La prohibición de entrada a los ciudadanos japoneses se produjo un día después del anuncio del Kremlin de que Putin había firmado un decreto sobre sanciones económicas de represalia en respuesta a las «acciones hostiles de ciertos estados extranjeros y organizaciones internacionales».

Según el decreto, el gobierno ruso tiene 10 días para compilar listas de personas y empresas extranjeras que serán sancionadas, así como para definir «criterios adicionales».

 

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Ciudad Valencia / Telesur