El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de carácter orgánico de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Este instrumento fue sancionado la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN).
La normativa cumple con todos los requisitos legales y constitucionales exigidos para su entrada en vigor, despejando cualquier duda sobre su validez jurídica. Así lo indicó el máximo tribunal.
El artículo 1 de esta ley establece como objetivo central definir una base normativa robusta que permita a la Administración Pública ejecutar de manera ágil y eficaz los mecanismos de optimización de gestiones.
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La normativa busca “acabar con el viacrucis de los venezolanos en las taquillas”, indicó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
En ese sentido, buscan disminuir drásticamente los plazos de tramitación y respuesta ante las diversas solicitudes y peticiones realizadas por la ciudadanía.
Los magistrados de la Sala Constitucional subrayaron que esta ley representa una respuesta estructural del legislador frente a una realidad histórica marcada por la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia operativa.
Esta ley permitirá la prontitud en la resolución de expedientes, la eliminación de pasos innecesarios en los procesos internos y la optimización de los recursos del Estado para mejorar el servicio al público.
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Fuente: Ciudad CCS
Ciudad Valencia/WC/RM
