El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado, por lo que dictaminó el embargo de los bienes del exmandatario Pedro Castillo y de quien fuera primer ministro de su Gabinete, Aníbal Torres.
En forma de inscripción e inhibición, el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo de cuatro propiedades del expresidente, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del ex jefe de Estado y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres.
Mientras que, en el caso del expremier Aníbal Torres Vásquez, se le incautarán nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo. Debido a la orden, ni Castillo ni Torres podrán vender ni ceder esos bienes a terceros.
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Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la PGE y dictaminó el embargo en forma de inscripción e inhibición de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, hasta por 67 millones. https://t.co/HbaEoEBSKi pic.twitter.com/oVSvRardtW
— Procuraduría General del Estado – Perú (@PGE_Peru) July 25, 2023
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El embargo de los bienes de Castillo está precedido por la solicitud de la Procuraduría General del Estado en Perú de reparación civil de unos 67 millones de soles (unos 18.644.083 USD) por el intento del exmandatario de disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción el 7 de diciembre pasado.
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A ambos líderes políticos se les investiga por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado.
La investigación de la Fiscalía también relaciona con estos hechos a la ex primera ministra Betssy Chávez; al extitular del Interior Willy Huerta y al exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez.
