Una comisión legislativa multipartidaria aprobó este miércoles un informe que recomienda someter a juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por presuntos actos de corrupción y atentar contra la seguridad pública del Estado.
El dictamen elaborado por la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, que investiga una presunta red de corrupción en varias empresas públicas conocida como El Gran Padrino, fue avalado por seis votos a favor y uno en contra.
En el documento se recomienda un juicio político contra el presidente Lasso por delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado).
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Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción recomienda #JuicioPolítico al Presidente de la República#ElGranPadrino#CasoEncuentro https://t.co/lVRoYMIMIH
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 2, 2023
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La titular del comité multipartidista, Viviana Veloz, consideró que el país vivió “un día histórico”, porque se trata de establecer la verdad sobre la conducta del presidente Lasso, que dijo es contraria a los intereses de la ciudadanía.
Afirmó que el mandatario ha tratado de ocultar potenciales conductas ilícitas de su cuñado, Danilo Carrera, y de sus funcionarios más cercanos, así como buscó obstruir la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional.
El congreso ecuatoriano señaló en un comunicado que el informé será remitido a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas.
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El documento aprobado este miércoles deberá ser sometido ahora al pleno de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) del país suramericano.
El informe elaborado no es vinculante, debido a que, tras su aprobación, pasará a otra instancia de análisis. Si el dictamen se aprueba en el parlamento, continuará su proceso de calificación hasta llegar a la Corte Constitucional.
El Gobierno de Lasso emitió este miércoles un comunicado para rechazar el informe aprobado por la comisión multipartidaria al que tachó de tener “un claro afán desestabilizador” con “maliciosas intenciones”.
