Del 23 de enero de 1958 a la ruta de la democracia protagónica… Pasados ya 66 años del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, América Latina y el Caribe han experimentado la dualidad de las diferentes formas de gobierno de las clases dominantes, la ambivalencia entre Democracia Parlamentaria y dictaduras clásicas, entre democracias restringidas y “Estado Militarizado” tipo Chile-Argentina de los años ’70.
Lo cierto es que el dilema democracia-dictadura fue modificando su formato, a finales de 1980, en el continente, la crisis del Estado en América Latina logró salidas institucionales que no afectaron la composición y naturaleza del poder político.
En Venezuela, desde el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, en 1948, a la conformación de la Junta de Gobierno Militar presidida por Carlos Delgado Chalbaud, Luis Felipe LLovera Páez y Marcos Evangelista Pérez Jiménez, se desencadena un periodo político que va a enfrentar criterios opuestos en la Junta Militar de Gobierno, o el llamado triunvirato; el detonante de tal situación es el asesinato del Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud y el control ejercido en la llamada “Unión Patriótica Militar” por parte del también Teniente Coronel Marcos E. Pérez Jiménez.
Las elecciones del 2 de diciembre de 1952 y la política de intimidación y desconocimiento del triunfo electoral de Jóvito Villalba, candidato de Unión Republicana Democrática (URD), consolidan al gobierno militar presidido por Pérez Jiménez y su nuevo ideal nacional, y el discurso de Vallenilla Lanz de gendarme necesario progresista, las obras de construcción de edificaciones e infraestructura de comunicación, sumadas a una política represiva, no fueron suficientes para contener la insurgencia popular a través de la Junta Patriótica integradas por Acción Democrática, URD, el PCV y sectores democráticos del ejército; con el derrocamiento de Pérez Jiménez se produce una configuración política en el país, ya desde el Pacto de Nueva York se va fraguando lo que conocimos como el Pacto de Punto Fijo en la gobernabilidad venezolana y su reciclaje político.
El triunfo electoral de Rómulo Betancourt, en 1959, inaugura el periodo político definido como democracia representativa parlamentaria dentro de un Estado dominado por la burguesía y el capital extranjero, el “plan de emergencia” al desempleo ya ha sido suprimido, el corpus de la Constitución de 1961 queda aprobado, los preceptos y garantías ciudadanas son suspendidas varias veces, la nueva constitución se convierte en Letras Muertas ante las luchas del movimiento popular y trabajadores por empleos y mejores salarios.
La masacre de la plaza La Concordia, en Caracas, ilustra la situación represiva del gobierno adeco, la frase “disparar primero y averiguar después”, junto al asalto a los sindicatos clasistas por parte de las bandas armadas, son ingrediente principal acompañadas por la doctrina anticomunista y el manual de contrainsurgencia de la Escuela de las Américas, dirigida en Panamá por militares de Estados Unidos.
Luego del Gobierno de Betancourt prosigue el de Raúl Leoni y su relato político de gobierno de amplia base; como buen adeco, Leoni da continuidad a la represión contra militantes de izquierdas y luchadores sociales. Bajo su gobierno se patentiza la política de las desapariciones forzadas en América Latina, los teatros de operaciones antisubversivas causan terror y zozobra en las zonas campesinas del occidente y oriente del país, los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, La ONU y la Corte de Justicia Internacional guardan silencio cómplice, o cuando mucho formulan trémulas observaciones en materia de Derechos Humanos. En la administración de Raúl Leoni, la derrota de la insurgencia de izquierda se hace evidente y comienza el repliegue hacia nuevas formas de lucha y organización política.
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Finalizando el siglo XX, para ser precisos 1999, ante el cumulo de un proceso de ruptura de credibilidad política y de rebeliones populares y militares, gana las elecciones presidenciales Hugo Rafael Chávez Frías, abriendo puertas para la acción protagónica popular y progresistas de diferentes sectores políticos.
La Constituyente de 1999 aprueba una nueva constitución, que posibilita el ejercicio de una democracia directa y radical, sin desvaríos autoritarios, desde las bases a través de un amplio consenso en la transformación correlativa de la democracia representativa a la protagónica con las diferentes expresiones de organización popular.
Este es uno de los temas de mayor trascendencia dentro de la izquierda y los movimientos sociales: Radicalizar la democracia protagónica no anularla, la reforma constitucional demarca un paso que rebase las funciones representativas y protocolares, dotar al proceso político bolivariano de un contenido sustantivo del mandato de la voluntad popular, sin prácticas políticas en la construcción de una nueva cultura política de gobernar obedeciendo a la mayoría.
José Ramón Rodríguez Rojas (Entre Luces y Sombras) / Ciudad valencia
