Amigas y Amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: El proceso de expansión europea de finales del siglo XV y comienzos del XVI, realizado en el marco del naciente capitalismo mercantil, no solo condujo a la expoliación y explotación de las riquezas auríferas existentes en el llamado Nuevo Mundo, el exterminio y sometimiento de la mayoría de los pueblos originarios, el epistemicidio cultural, la imposición de valores y cosmovisiones que sirvieron para justificar el orden de la Metrópolis con su carga de muerte y destrucción; también condujo al establecimiento del aparataje jurídico-institucional que constituyó el soporte e instrumento sobre el que se asentó el proceso de conquista y colonización.
El orden colonial impuso un Estado de carácter centralizado y absolutista que trasladó a América las instituciones que soportarían el orden metropolitano: Virreinatos, Capitanías Generales, Gobernaciones, Real Audiencia, Real Hacienda, Consulado, Arzobispado, Cabildos; estableció un orden social de castas, reservó el monopolio del poder político para un sector social al tiempo que facilitó la concentración y acumulación de capital en otro apoyado en figuras como la encomienda y los repartimientos.
La sociedad estratificada fue uno de sus signos más distintivos, amén de la perpetración y justificación de los más horribles crímenes y torturas contra quienes desafiasen el orden colonial procurando alcanzar la libertad.
El proceso independentista invocó los principios promovidos por la Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad y propiedad como pilares republicanos, pero la condición de ciudadanos que garantizaba el disfrute de esos beneficios solo estaba destinada a un sector reducido de la población; así, la ruptura del orden colonial, conducido por el sector más privilegiado de la sociedad diseñó un Estado cuyo signo más distintivo fue la exclusión pues era heredera de la colonia.
Por más que el Libertador imploró en el discurso ante el Congreso de Angostura de 1819 la libertad de los esclavizados, la respuesta del Poder Legislativo fue la eufemística Ley de Manumisión que sirvió para prolongar el régimen esclavista treinta y cuatro años más.
La República nacida en 1830 no fue distinta. Una nación de propietarios fue el norte que guió el orden republicano en el diseño y construcción del nuevo Estado, el carácter censitario del sufragio otorgado solo a hombres que supieran leer y escribir, poseedores de propiedad, con renta anual y oficio decente y conocido, preservó los derechos políticos para la oligarquía surgida del proceso independentista y los restos del mantuanaje criollo sobreviviente a la gesta emancipadora.
Las aspiraciones de igualdad de pardos, libertad de esclavizados y tierra para indígenas y campesinos continuaban siendo una aspiración en la nueva República. La Guerra Federal (1859-1863) fue el resultado de la maximización y agudización de esas contradicciones.
A comienzos del siglo XX, los avatares del proceso político venezolano condujeron al establecimiento de una hegemonía regional que se prolongó por casi medio siglo. El deseo de paz de una nación que había pasado prácticamente un siglo en guerra, se convirtió en excusa para justificar el más brutal despotismo que propició el nacimiento del moderno Estado venezolano: centralización del poder, control del territorio, hacienda pública nacional, autoridad única, vinculación plena con el sistema económico mundial.
Era la consagración del proyecto nacional liberal proyectado por los ideólogos de la oligarquía a comienzos del ensayo republicano en 1830. Ese Estado en gran medida sobrevive en nuestros días.
El triunfo del Comandante Hugo Chávez en 1998 estuvo guiado por dos ofrecimientos: reivindicación del pueblo sintetizada en la consigna, “Es que llegó la hora del pueblo” y transformación del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
El nuevo Estado consagrado en la Carta Magna no solo amplió su estructura (cinco Poderes), también instituyó como pilares fundamentales la doctrina bolivariana y el legado histórico de las y los libertadores, los valores de nuestros pueblos ancestrales, instituyó la democracia participativa y protagónica y amplió los derechos consagrados en anteriores Cartas Magnas, guiados por el carácter “social de derecho y de justicia”, entre otros aspectos.
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El desarrollo del proceso político con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro se ha planteado como meta la construcción del socialismo, un proceso que demanda un Estado capaz de responder a esos retos. El nuevo Estado debe garantizar la soberanía e independencia nacional y la inclusión social, profundizar la democracia directa, redimensionar su estructura política administrativa para avanzar al Estado Comunal, diversificar el aparato productivo haciéndolo suficientemente eficaz y eficiente para asegurar la generación de riqueza que haga posible sostener el estado de bienestar social garantizado en la Constitución.
Mayor democracia, máxima eficiencia, más justicia social, máxima productividad, profundización del Poder Popular y rediseño de la estructura organizativa institucional deben ser algunos los pilares que guíen al nuevo Estado hacia la construcción del socialismo.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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