Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: El Congreso instalado en la casa del Conde de San Javier, el 2 de marzo de 1811, representó un hecho fundamental en el proceso de definición respecto del rumbo político que tomaron los acontecimientos iniciados en Caracas el 19 de abril de 1810.
Tras la expulsión del capitán general Vicente Emparan y la conformación de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, se inició un proceso que condujo a la instalación del Congreso, en el que se debatieron dos posiciones antagónicas: la de quienes pretendían mantenerse fieles a la Monarquía, aspirando ser incorporados en una eventual reconfiguración de la estructura de Poder colonial, y la de quienes apuntaban a la ruptura definitiva con el régimen monárquico.
Las mismas prerrogativas
La decisión tomada por el cabildo caraqueño de expulsar al Capitán General y conformar una junta de gobierno, en abril de 1810, sólo tenía ámbito jurisdiccional en la provincia de Caracas, el resto de las que integraban la Capitanía General de Venezuela disponían de las mismas prerrogativas de opinar y decidir que tenía aquélla, razón por la cual la Junta de Caracas acordó consultarlas y convocar a un Congreso que reuniera a representantes de cada entidad territorial, a los fines de poder decidir, juntas, el destino de la unión.
Para tales efectos fue promulgado un estatuto electoral, elaborado por el abogado Juan Germán Roscio, que reglamentaba la elección de los diputados. El mismo dispuso la celebración de comicios de segundo grado: en primera instancia tenían posibilidad de elegir los varones mayores de 25 años, y los de 21 que estuvieran casados, siempre que tuvieran domicilio fijo; debían poseer, además, bienes equivalentes, al menos, a 2.000 pesos en bienes y raíces. Quedaban excluidos de la condición de ciudadanos los incapacitados, los dependientes, los extranjeros, los deudores del erario público, así como los esclavos, los indígenas y las mujeres.
Quienes resultaran más votados en esta primera etapa se constituían como Electores Parroquiales que, reunidos en las capitales de sus respectivas jurisdicciones, procederían a elegir a los diputados que integrarían el primer Congreso. Consultadas el resto de las provincias que integraban la Capitanía General de Venezuela, siete aceptaron elegir y enviar sus representantes: Caracas, Margarita, Cumaná, Barcelona, Barinas, Mérida y Trujillo; otras tres: Maracaibo, Coro y Guayana, se declararon contrarias a dicho proceso por considerar que la acción desconocía el orden jurídico de la monarquía, razón por la que se declaraban leales al Rey Fernando VII.
El 2 de marzo de 1811, en la casa del Conde de San Javier, en Caracas, con la presencia de los integrantes de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, se procedió a instalar el Primer Congreso General de Venezuela. Treinta de los cuarenta diputados electos estuvieron presentes. En la sesión, además de prestar juramento ante Dios y los Santos Evangelios, también fueron juramentados y manifestaron reconocer la autoridad suprema del Congreso el Comandante General de Armas y el Gobernador Militar de Caracas, los dos más altos funcionarios castrenses.
Sin posición uniforme
Ya instalado, el Congreso dispuso la organización de la estructura organizativa del Estado: se designó un triunvirato para que ejerciera las funciones de gobierno; se estableció un Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública; se nombraron comisiones para tratar diversos temas, entre los más polémicos, el referido al Real Patronato Eclesiástico. También extendió el Congreso credenciales diplomáticas para los comisionados que debían explicar el alcance y propósito de sus decisiones a Juntas similares constituidas en el sur del continente, así como a los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, de quienes procuraban obtener apoyo y reconocimiento.
Pero éste, precisamente, resultaba ser un asunto contradictorio. El Congreso no era un ente que reflejara una posición uniforme respecto de sus propósitos y alcances. Al momento de jurar ante Dios y los Santos Evangelios el fiel cumplimiento de las funciones que iban a desempeñar, los diputados lo hicieron para defender los Derechos del Rey Fernando VII, lo cual no sólo era el reflejo de una conciencia monárquica que, asentada durante tres siglos, les impedía, a muchos, asumir una condición distinta a la de súbditos.
Para quienes así pensaban, plantearse acciones que condujeran a poner en duda la autoridad del rey, y menos aún, la independencia de España, podían ser considerados blasfemos, pues con base en la doctrina de la iglesia católica, rebelarse contra el monarca era desafiar la voluntad de Dios. También atentarían estas acciones contra la tradición, costumbres y abolengo en el que habían sido criados, ellos y sus ancestros, desde los propios inicios del proceso de la conquista y colonización.
Del otro lado estaban los que, sin renunciar a los privilegios que su posición social les otorgaba, consideraban necesario avanzar hacia la ruptura con España y dar paso a un nuevo orden jurídico-político en el que el Poder estuviera en manos del sector que representaban. Esto era una vieja aspiración del mantuaneje criollo, que siempre se vio en posición de subordinación frente a los llamados blancos peninsulares, funcionarios directos de la corona, hombres de confianza del rey y detentadores, en su nombre, del poder político.
Fue la última posición, liderada por una parte del mantuanaje criollo, la que terminaría imponiéndose y conduciendo a la Declaración de Independencia, el 5 de julio de 1811, decisión en la que tuvo mucha influencia la actuación propagandística, argumentativa y agitativa de la Sociedad Patriótica.
Un ambiente favorable
Fue desde la Sociedad Patriótica, agrupación conformada por Francisco de Miranda, José Félix Rivas, Antonio Muñoz Tebar, Vicente Salias, Miguel José Sanz, José Antonio Pelgrón y Simón Bolívar, entre otros, desde donde se promoverían acciones de agitación y propaganda en favor de la independencia, sustentadas en los debates y razonamientos que sobre aspectos referidos al ámbito militar, la política, la economía, la religión, la guerra, se realizaban en el seno de esta agrupación. Fue tan notoria la contundencia de sus planteamientos que en poco tiempo se propagó la idea de la supuesta existencia de dos Congresos.
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Se dice que la Sociedad Patriótica tuvo ramificaciones en otros lugares del territorio: Barcelona, Barinas, Valencia, Puerto Cabello, llegando a tener unos seiscientos integrantes que promovieron un ambiente favorable a la ruptura definitiva con España. Ese ambiente favorable tuvo su mayor punto efervescencia el día 4 de julio de 1811, debate en el cual el joven Simón Bolívar pronunciara aquel famoso discurso en el que emplazaba, categóricamente al Congreso, a declarar la independencia absoluta de España:
“Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resultados a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. ¡Que los grandes proyectos deben prepararse con calma! Trescientos años de calma ¿no bastan? La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana: vacilar es perdernos”.
El día 5 de julio, luego de un prolongado debate, el primer Congreso de Venezuela declaraba, formalmente, la independencia de Venezuela. Y designó una comisión integrada por los diputados Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi, para redactar un documento en el que se expusieran las razones por las cuales se había llegado a esa decisión. Ese documento es el Acta de la Independencia.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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