Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: Los sucesos ocurridos en el país los días 27 y 28 de febrero de 1989 representan una de las mayores expresiones del proceso de deterioro y agotamiento que el régimen puntofijista venía experimentando desde comienzo de la década de los ochenta.
Calificada por la prensa y científicos sociales como “La Rebelión de los Pobres”, los sucesos develaron la realidad del sistema político, de la democracia practicada entonces y del conjunto de políticas económicas implementadas, que fueron mostradas al continente como la vitrina en la que debían mirarse los pueblos y gobiernos de la región para superar la crisis de deuda y gobernabilidad que afectaba a diversos países desde comienzos de esa década.
Se rompió la vitrina
El régimen político instaurado en 1958, mejor conocido como democracia puntofijista, se había asentado sobre cuatro pilares fundamentales: régimen de Sistema de Partidos, búsqueda del Consenso como práctica para dirimir los conflictos y las diferencias, construcción de una Agenda Democrática y fortalecimiento económico del Estado.
En términos generales, esos cuatro pilares tuvieron niveles de funcionamiento, visto dentro de la lógica del sistema y al menos durante los tres primeros lustros posteriores al 23 de enero de 1958. Pero con el paso de los años la clase política que controlaba las estructuras del Poder se volvió más autosuficiente y produjo una política autárquica que principalmente favorecía sus intereses y privilegios, produciendo y acumulando profundas contradicciones internas.
Las bases sobre las que se asentó el sistema comenzaron a dar muestras de agotamiento, siendo la primera señal de crisis la evidenciada el 18 de febrero de 1983. El colapso del modelo económico rentista-petrolero condujo al deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, generando una inmensa brecha económica y social entre una clase política y una burguesía con privilegios y condiciones de vida muy distantes de los padecimientos sufridos por el común de la población. Todo ello en medio de crecientes y cada vez más escandalosos casos de corrupción e ineficiencia del Estado en la prestación de servicios públicos básicos: salud, educación, seguridad pública, entre otros.
En este contexto se produjo el segundo triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez en 1988. Éste había vendido la idea, durante su campaña electoral, de que su eventual retorno al gobierno significaría el regreso a la Venezuela Saudita que había caracterizado su primer mandato.
La verdad es que sus asesores, conocedores de la gravedad y magnitud de la crisis, habían diseñado un Programa de Ajustes Macroeconómicos que implicaba desmontar el llamado Estado de Bienestar, asumido por diversos gobiernos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, como un modelo de equilibrio que permitía disminuir las brechas sociales asegurando a los sectores más desfavorecidos el acceso a servicios públicos prioritarios y la asistencia del Estado en momentos de vulnerabilidad.
El Estado, en su nuevo rol, no solo debía deshacerse de empresas ineficientes y reducir al mínimo su ámbito de acción, también debía eliminar políticas económicas incompatibles con la concepción de libre mercado impulsada por el nuevo gobierno: eliminación del control cambiario, liberación de precios en productos y servicios: agua, electricidad, telefonía, salud, educación; privatización de empresas públicas, cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aumento de la gasolina, entre otras.
Se trataba de la instauración del modelo económico neoliberal promovido por EEUU desde comienzos de los años ochenta bajo el mandato del presidente norteamericano, Ronald Reagan, y de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que luego tomaría mayor impulso a través de los postulados del llamado Consenso de Washington, estrategia política que procuraba favorecer la economía de esos países, supliendo con sus capitales y empresas los sectores y servicios abandonados por los Estados en los países Latinoamericanos.
En términos generales, las repercusiones de la nueva concepción económica asumida por el Estado terminaban afectando, demoledoramente, a los sectores más vulnerables: los asalariados y dependientes del sector público, a los desempleados y sectores en pobreza extrema; en tanto que la burguesía criolla y trasnacional recibía grandes estímulos para realizar inversiones, aumentando considerablemente sus capitales con la devaluación de la moneda, por ser ellos los poseedores de las divisas que habían logrado sacar del país antes del llamado Viernes Negro, o que habían adquirido (muchos) por medio de corrupción y tráfico de influencias durante la vigencia del control cambiario a través del famoso RECADI.
El desencadenante histórico
El estallido social ocurrido a 25 días de haber comenzado el segundo gobierno de Pérez echaba por tierra la tesis del respaldo incondicional de la población hacia el gobierno y régimen político. También mostraba la gravedad y profundidad de la crisis.
Una jornada de protestas sociales que comenzó en las poblaciones de Guarenas y Guatire, en las afueras de Caracas, motivada por el aumento exorbitante en el costo del transporte público como consecuencia del incremento en el precio de la gasolina, se extendió rápidamente a las principales ciudades del país, afectando de forma principal, aunque no exclusivamente, al comercio expendedor de alimentos. El saqueo de supermercados, abastos, panaderías, bodegas; indicaba el carácter social de la protesta.
La inesperada explosión social el 27F fue un hecho cuyo precedente más similar sería la rebelión popular que se produjo en varias ciudades del país los días posteriores a la muerte de Juan Vicente Gómez, en diciembre de 1935. Nadie estaba preparado para un acontecimiento como el de febrero del ‘89 y nadie pudo planificarlo.
Por eso, la primera reacción de la clase política y la burguesía fue cohesionarse para enfrentar la violencia justificando la represión, avalando la suspensión de las garantías constitucionales y la implementación del “Toque de Queda”. Medidas que, junto al uso de unas Fuerzas Armadas (en plural como se decía entonces) no preparadas para enfrentar conflictos sociales, facilitaron el genocidio cometido contra un pueblo indefenso durante aquellos sucesos.
El famoso editorial del RCTV los días posteriores al hecho, hablando de un “retorno a la normalidad”, que habría sido el resultado del “trabajo tesonero de toda la colectividad”; representaba la contribución que desde este sector empresarial y la burguesía nacional se hacía en defensa de sus intereses de clase. En el fondo se procuraba negar el genocidio que se había perpetrado contra un pueblo indefenso.
De esta forma, la burguesía nacional y la clase política cerraban filas en la reproducción del guion trazado por el Gobierno Nacional en boca del ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, quien declaró que el ejército: “no salió a reprimir, sino a restablecer un orden que estaba alterado”. Sin dudas, un eufemismo que buscaba distraer la atención sobre el gran número de muertos que dejó la represión, un dato que hasta el día de hoy continúa incierto.
Los sucesos del 27F constituyen el desencadenante histórico para la crisis definitiva del régimen puntofijista, crisis que continuó profundizándose y tuvo un segundo detonante institucional en la rebelión militar del 4F de 1992. Así, los cuatro pilares sobre los que se había sustentado el puntofijismo lucían agotados: el consenso que caracterizó al sistema y facilitó la firma del acuerdo de gobernabilidad conocido como “Pacto de Punto Fijo” había perdido su significación y vigencia histórica.
La fortaleza económica del Estado estaba debilitada como consecuencia de la corrupción y la ineficiencia, mostrando incapacidad para satisfacer las necesidades y demandas de la población.
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Los partidos políticos evidenciaban en su desempeño que no eran interlocutores válidos entre la sociedad y el Estado, mostrando al mismo tiempo su incapacidad para proponer una Agenda Democrática capaz de representar y responder a las necesidades y demandas de la población.
Los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 fueron la expresión social de las varias crisis que condujeron al quiebre del puntofijismo: el llamado “Viernes Negro”, evidencia de la crisis del modelo económico; el 4F, que mostró la crisis institucional-militar, y el triunfo de Rafael Caldera en 1993, que comprobó que el sistema de partidos y el consenso se habían agotado.
El triunfo electoral del comandante Chávez en 1998 fue la estocada definitiva al proyecto político iniciado en 1958.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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