La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) garantiza el derecho a la educación pública, popular y gratuita para toda la población, independientemente de nuestras múltiples diferencias étnicas, económicas, sociales, culturales, religiosas. Somos un solo pueblo y una sola nación, con arraigos comunes en nuestras tradiciones y orígenes indo-afro-latino-caribeño. Esa identidad colectiva desde la diversidad es lo que realmente nos une, nos distingue y honra nuestro orgullo de pueblo bravío y noble, siempre abierto a la rosa de los vientos.
El funcionamiento de nuestro sistema educativo depende económica, orgánica y estratégicamente del presupuesto nacional que le asigna el Estado venezolano. Por lo tanto, nuestro gobierno bolivariano actual, que preside Nicolás Maduro, garantiza, tal como lo garantizó también el presidente Hugo Chávez, dos derechos sobre los cuales funciona y avanza el desarrollo educativo, científico y cultural de nuestra Patria.
El primero es el acceso a la educación gratuita y de calidad para todos y todas por igual; independientemente de los estratos sociales existentes y a los cuales se pertenezca. En ese sentido, la gratuidad de la enseñanza abarca los cuatro niveles del sistema educativo: inicial, primaria, secundaria y universitaria.
De manera que el actual Estado venezolano le garantiza a cada habitante sus 19 o más años de estudios para formarse como ciudadano y como profesional de la República; sin discriminación alguna por diferencia social, racial, política, económica, cultural o religiosa. Vale preguntarse entonces: ¿Este derecho lo tienen todos los pueblos del mundo? ¿Se cumple en todos los países de Nuestra América?
El segundo derecho constitucional para que todo el sistema educativo nacional funcione eficazmente, sin interrupciones conflictivas ni de ninguna otra índole, es el derecho a la remuneración necesaria y justa; vale decir, a un salario digno, suficiente, que dignifique la eficacia y calidad de la acción pedagógica del personal docente, así como también las funciones del personal administrativo, obreros y obreras.
En tal sentido, es pertinente reiterar que la gratuidad de la enseñanza y el salario justo y necesario del docente constituyen dos dimensiones imprescindibles para el desarrollo cuantitativo y cualitativo de nuestro sistema educativo nacional. Estamos seguros de que, sin esos dos derechos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el pueblo naufragaría en las aguas turbias y menguadas de una educación totalmente privada y unos salarios condicionados a las dinámicas perversas e inhumanas del capitalismo neoliberal.
Gracias a nuestra CRBV y al modelo educativo bolivariano, los padres y madres de familia que no son ricos, sino que viven de un sueldo o salario, no tienen los problemas que se derivan de la educación privada. Por ejemplo, la preocupación o la angustia de tener que pagar puntualmente mensualidades más o menos costosas; y así, otras exigencias sustentadas en el valor monetario que domina todo el funcionamiento de la educación privada.
Igualmente, los y las docentes, personal administrativo y obrero de un solo y único sistema de educación privada tendrían graves problemas de estabilidad en el trabajo, condiciones laborales y de la protección social suya y de sus familiares. Sencillamente, porque la educación privada, a diferencia de la pública, funciona más como un negocio privado que como un derecho constitucional para el bienestar público y desarrollo educativo, científico y cultural de la nación.
De acuerdo con esas verdades, debemos reiterar que nuestra CRBV es la única, absoluta y suprema instancia del país que garantiza el funcionamiento eficiente y productivo, tanto del derecho a la educación de los y las estudiantes, como el derecho a la remuneración justa y dignificante de los docentes, empleados y obreros de todo el sistema educativo venezolano.
En ese sentido, el actual Jefe de Estado y presidente de la República, Nicolás Maduro, apegado a la Constitución y siguiendo el ejemplo de Chávez, ha sido, es y seguirá siendo el primer responsable en el cumplimiento estricto e ineludible de la vigencia y eficacia de la CRBV, para que el derecho a la educación y el derecho a un salario justo se cumplan sin trabas burocráticas ni conspiraciones apátridas.
Es importante señalar que, desde 1959 hasta hoy, nuestro sistema educativo se ha desarrollado en el contexto de dos modelos políticos radicalmente diferentes en la concepción teórica y práctica de la democracia, la libertad, el desarrollo y el bienestar del pueblo. Dos modelos de gestión académica, política, administrativa y científica, radicalmente diferenciados en relación a los objetivos históricos de la educación, sus dimensiones cuantitativas y cualitativas, la cultura del respeto a los derechos humanos y constitucionales, las relaciones con el modelo de desarrollo nacional, etc.
El primer modelo es el adeco-copeyano del periodo 1959-1998, de la democracia formal representativa, sustentada en el Pacto de Punto Fijo (AD-COPEI-FEDECÁMARAS-EL ALTO CLERO-EL ALTO MANDO MILITAR, bajo el tutelaje de la embajada norteamericana) y no en los poderes de la participación popular. Por esa razón, las luchas de los maestros de primaria, los profesores del bachillerato y las universidades, por mejores salarios y condiciones de trabajo, eran desatendidas, ignoradas y reprimidas.
El segundo modelo corresponde al periodo actual de la democracia participativa y protagónica, consagrada en la CRBV y sustentada en la unidad cívico-militar y la doctrina política del bolivarianismo chavista, iniciado en 1999 con el liderazgo del presidente Hugo Chávez y continuado hoy por el presidente Nicolás Maduro (2022).
Durante este modelo, que ya lleva 23 años, no ha habido, no hay, ni va a haber allanamientos, represión policial, bombas lacrimógenas, disparos, muertos, ni represión criminal contra los reclamos y luchas justas del magisterio venezolano, de nuestras escuelas, liceos y universidades autónomas; como sí lo hubo durante la hegemonía adeco-copeyana de la fenecida democracia formal representativa.
Es necesario, entonces, puntualizar que durante estos 23 años se ha desarrollado un nuevo modelo de democracia participativa y protagónica, de desarrollo del bienestar del pueblo y la nación con base en los cinco derechos fundamentales que están en la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en nuestra Constitución: los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que conforman el estado de bienestar del pueblo.
Nada ni nadie puede estar por encima de estos cinco derechos. De allí que debemos permanecer fieles y firmes al mandato central del comandante Hugo Chávez: “Dentro de la Constitución, todo; fuera de ella, nada”.
Es necesario, entonces, recordar y decir que, a diferencia de 22 años atrás, durante el periodo de 1959-1998, ningún presidente de la alternancia adeco-copeyana del Pacto de Punto Fijo, le garantizó plenamente al magisterio venezolano sus derechos constitucionales y contractuales. Muchos fueron los pliegos conflictivos, las huelgas y paros de toda la comunidad que labora en nuestro sistema educativo, en reclamo de sus derechos que eran desconocidos, irrespetados y pisoteados.
Deben quedar igualmente bien claras dos cosas más. La primera se refiere a la mayor eficacia en la relación institucional, política y social del Ministerio del Poder Popular para la Educación Primaria y Secundaria y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, con los respectivos gremios, para elevar la calidad de las relaciones institucionales y, en consecuencia, la eficiencia, la eficacia y la productividad político-socio-pedagógica en el funcionamiento de todo el sistema educativo, científico-cultural de nuestro país.
Es oportuno recordar que los docentes y el personal administrativo y obrero de nuestras universidades vivimos parte del pasado dramático y oprobioso de las luchas conflictivas por el salario y demás reivindicaciones sociales. Veamos cómo el profesor Amado Moreno Pérez (amadoula@hotmail.com Universidad de Los Andes, Venezuela Educere, vol. 23, núm. 75, pp. 337-366, 2019), describe los incumplimientos y el irrespeto de los gobiernos adeco-copeyanos de esos años conflictivos:
En 1987 FAPUV decretó un paro general indefinido que duró cuatro meses exigiendo la aplicación de las Normas de Homologación y la cancelación de las deudas por este concepto, ante lo cual el gobierno del presidente Lusinchi ordenó que, de no reintegrarse a las actividades universitarias, a las universidades paralizadas se les suspenderían los respectivos sueldos y salarios. A este paro no se sumó la UCV. Y el 26 de abril de 1987 FAPUV y el gobierno firmaron un acuerdo de suspensión del paro y los compromisos del Ejecutivo para cancelar las respectivas deudas. Ante la evidente fragilidad del paro indefinido y la presión del gobierno, a todos los profesores se les exigió como requisito para cancelarle que manifestaran por escrito cada uno la renuncia del 50% de la deuda que a cada profesor le debía el Ejecutivo Nacional.
En el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) igualmente ocurrieron otros paros por iguales motivos. Frente a las Normas de Homologación el Ministro de Educación de ese momento cuestionó el carácter de las mismas y propuso como complementario, ante la imposibilidad de desconocerlas, la heterologación por méritos y “productos” académicos de los profesores. A pesar de los paros, manifestaciones y huelgas convocadas y realizadas por FAPUV, la deuda de los diferentes gobiernos habidos entre 1984 y 1999 por concepto de las Normas de Homologación, no cancelación a tiempo de las respectivas prestaciones sociales causadas por las jubilaciones del personal universitario, deuda de fideicomiso con profesores y empleados desde 1975, ésta alcanzó una cantidad que el profesor Luís Fuenmayor Toro detalló en la oportunidad en que fue director de la OPSU (2000-2004) en los siguientes términos:
- Se debía parte de la homologación del periodo 1986-87 (10% sobre los sueldos y la duplicación de la prima por hogar) que Caldera se negó a aprobar, por lo que no existía una deuda legalmente contraída…
- Estaba pendiente la discusión de la homologación 98-99, a la que tampoco Caldera le dio luz verde y la FAPUV no pudo obligarlo…
- Encontramos la deuda de fideicomiso con profesores y empleados, cuya fecha de inicio era el año 1975…De la misma hemos pagado hasta el año 1993 y nos proponemos pagar el próximo año hasta 1997 inclusive”.
Esta información la expresa Fuenmayor Toro para manifestar que el gobierno del presidente Hugo Chávez no solo reconoció esta deuda social, sino que comenzó a cancelarla totalmente de acuerdo a un programa y cronograma de pago que en su artículo él especificó.
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Con esta referencia, hemos querido mostrar el drama y la tragedia del salario de los profesores universitarios, durante la época de la decadencia irreversible en la fase final de la democracia formal representativa adeco-copeyana del nefasto pacto de Punto Fijo. Con la llegada de Chávez a Miraflores, se supera la grave crisis del salario, generada por el viejo Estado burgués puntofijista.
A propósito del periodo vacacional del sistema educativo venezolano y los elementos positivos y cargados de esperanzas y buenos signos del proceso de recuperación económica del país, pareciera que hay una fuerte desesperación de las fuerzas del mal que pretenden frustrar y matar la esperanza para intentar imponernos la desesperanza, la frustración, el malestar y la angustia por la vía del saboteo o manipulación mal intencionada, del pago del bono vacacional del sector educativo en todos sus niveles.
El primer elemento que nos sorprendió fue la súbita aparición de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) en sustitución de los dos ministerios de la educación (Primaria-Secundaria y Educación universitaria) con quienes siempre se han entendido los gremios respectivos, para resolver nuestros asuntos laborales, en el marco de nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica de Educación y las correspondientes contrataciones colectivas y convenciones de trabajo.
A partir del instructivo de la ONAPRE, se creó una especie de vacío de poder para dar respuesta concreta y satisfactoria a la población trabajadora de la educación. Ni los dos ministerios, ni los dirigentes de las centrales sindicales, ni los directivos de la misma ONAPRE daban cuenta del porqué esa horrorosa fragmentación del pago del bono vacacional y no completo como corresponde.
En consecuencia, se generó un clima de incertidumbre, de desencanto, indignación y profundo malestar que se convirtió en rabia y acción social de calle. Dos marchas fueron convocadas: una, por la oposición política-partidista-gremial; y la otra, por el chavismo y los gremios bajo su conducción política.
En ese contexto de tensiones y confrontación dentro de todo el sector educativo, las fuerzas políticas del país y el propio gobierno, se produjo un efecto muy dañino y peligroso: la división absoluta en dos marchas y confrontación política y personal entre los dirigentes sindicales y los mismos trabajadores y trabajadoras, maestros y profesores, ubicados unos en el lado opositor y el otro en el lado del gobierno chavista del presidente obrero Nicolás Maduro.
Sin ánimos de exagerar ni crear tensiones innecesarias, me atrevo a decir que todo fue un ensayo de la oposición apátrida y sus infiltrados en el gobierno, de un hipotético plan de protestas callejeras, estallido o inicio de una nueva ola de protestas contra el gobierno revolucionario chavista, provocar desestabilización política, estallidos de violencia en las calles, amenazas de guerra civil, derrocamiento o desaparición física de nuestro presidente y máximo líder, Nicolás Maduro.
Frente a ese panorama, el Presidente de la República dio la orden de pago con base en lo establecido estrictamente en nuestra CRBV, la Ley Orgánica del Trabajo y el contrato y las convenciones acordadas entre los gremios y los dos ministerios correspondientes. De esa manera, el principal dirigente de nuestro país, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Jefe de Estado y presidente del PSUV, llegó, dio la orden y mandó a pagar todo, como debe ser.
Esa acción, oportuna y eficaz de nuestro Presidente despejó el horizonte y quedó derrotada una vez más la tentación de la guerra para que siga brillando el ejercicio constructivo de la paz, el diálogo, el entendimiento, la unión y el progreso del bienestar social de nuestro país y de la patria toda como un solo canto de amor y esperanzas.
Christian Farías / Ciudad Valencia
