Carles Puigdemont expresidente de la Generalitat de Catalunya ha sido favorecido con la decisión del juez, quien aplaza hasta el 16 de diciembre la audiencia sobre la euroorden por petición del acusado, quien argumentó necesitar más tiempo para preparar su defensa.
Se trata del segundo proceso abierto en Bélgica contra Carles Puigdemont, el cual se anticipaba engorroso.
Se prevé un toma y dame de recursos y apelaciones. Ya se registraron violentos intercambios de golpes en el Palacio de Justicia.
El juez ha accedido a la petición de la defensa mientras el Tribunal Supremo español ha reclamado la entrega del expresidente catalán por sedición y malversación.
Según la prensa española, Puigdemont fue elegido eurodiputado en los pasados comicios europeos.
Pero aunque sí apareció inicialmente en el Boletín Oficial del Estado, la Junta Electoral Central no remitió al Parlamento Europeo su nombre en la lista definitiva de electos por no haber recogido el acta y acatado la Constitución en Madrid, con lo que quedó finalmente excluido de la Cámara.
Goza de inmunidad
Sus abogados defenderán ante el juez que Puigdemont goza de inmunidad pese a todo por haber sido elegido en las urnas.
Una tesis que no comparten ni el Supremo español ni las instituciones comunitarias.
Durante la primera euroorden, la Fiscalía belga aceptó cuatro de los cinco delitos por los que Puigdemont y los exconsejeros eran reclamados entonces: rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Solo prevaricación se cayó de la lista, pero el juez retiró esa primera euroorden y los magistrados belgas tumbaron la segunda por defectos de forma.
El juez belga de primera instancia que debe decidir sobre la orden de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo contra el expresidente Carles Puigdemont, ha decidido aplazar la audiencia para dar más tiempo a las partes implicadas para explicar sus alegaciones.
La orden europea de detención y entrega, o euroorden, es una resolución judicial emitida por un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada, o bien, para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
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Ismael Noé / Ciudad VLC
